MARI TERE VA A JUICIO, PERO SE CAE DENUNCIA DE ANAUDI
Exsenadora deberá responder por 12 cargos por falsedad ideológica, y perjurio, entre otros
La defensa de la exsenadora popular Mari Tere González reclamó ayer que el cargo en el que figuraba como testigo estrella el exrecaudador Anaudi Hernández no prevaleció en corte.
El juez Rafael Taboas del Tribunal de San Juan le encontró causa para juicio a la exlegisladora en 12 de los 13 cargos que le imputa la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI). El juez desestimó una violación al artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental.
Este artículo, que no conlleva el beneficio de probatoria, dispone que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”. Este cargo no conlleva el beneficio de probatoria.
“Esa era la denuncia que tenía como testigos a Anaudi Hernández y su socio Héctor Vargas. Ese era el caso más fuerte del FEI y se cayó”, dijo el abogado Yuseph Lamboy López.
El juez falló en contra de González por los cargos de violación a los artículos del Código Penal 212, (4) por falsedad ideológica, 217 (4), por posesión y traspaso de documentos falsificados y (4) 269 por perjurio.
El FEI Ramón Mendoza le pidió al juez que encontrara causa por otros artículos que conllevan enriquecimiento ilícito y afectar labores gubernamentales, pero el magistrado denegó el pedido.
La lectura de acusación fue programada para el 8 de marzo próximo. Ese día se escogerá la fecha de juicio.
En la vista preliminar, que comenzó a ventilarse el pasado mes de enero, declaró por tres días Anaudi Hernández.
González declinó contestar preguntas. “Ella está de buen ánimo, aunque un caso criminal no es fácil”, sostuvo el abogado.
Lamboy López dijo que la controversia que queda se relaciona con los informes financieros que debía rendir la exsenadora a la Oficina de Ética Gubernamental.
Según la teoría del FEI, la exsenadora recibió ayuda financiera del exrecaudador del Partido Popular Democrático y exmiembro del comité de finanzas del expresidente cameral Jaime Perelló, a cambio de lograr la confirmación de Sally López como directora de la Administración de Desarrollo Laboral.
Como parte de esos alegados beneficios económicos, González vivió sin pagar alquiler en un apartamento de un socio de Anaudi y nunca lo notificó en sus informes ante la OEG.
Lamboy López dijo, sin embargo, que la exsenadora presentó una enmienda a los informes en la que alegó que por error no reportó que tenía deudas por arrendamiento.
Las acusaciones contra la exlegisladora surgieron del caso federal por corrupción gubernamental contra Hernández, quien se declaró culpable por un esquema de soborno en varias agencias del gobierno. Durante el juicio federal, salió a relucir la estrecha relación de amistad entre Hernández y González y hasta se presentaron mensajes de texto que se intercambiaron ambos.
La exlegisladora fue sentada en la silla de los testigos y cuando fue abordada sobre detalles sobre donativos a su campaña, se amparó en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para no autoincriminarse.