VÍCTIMAS TENDRÁN QUE TESTIFICAR CON PÚBLICO
Deniegan solicitud del FEI en caso del exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill
“
Se pide un testimonio de forma privada, lo que equivale a negar el derecho a juicio público que tiene el imputado”
RESOLUCIÓN Y ORDEN CASO HÉCTOR O’NEILL
La jueza Sariely Rosado Fernández del tribunal de Bayamón, declaró ayer no ha lugar el pedido de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que pretendía negar el acceso al público a la sala durante el testimonio de las dos presuntas víctimas del exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, implicado en varios delitos sexuales.
“En síntesis, estos alegaron que debido a la naturaleza sexual de algunos de los delitos imputados, el testimonio de ambas víctimas debe ser de manera confidencial o sensitiva”, explicó el Supremo sobre la posición de los fiscales especiales independientes Guillermo Garau y Leticia Pabón.
El tribunal en su resolución dice que el OPFEI presentó alegaciones “generales” y no sometió “ninguna prueba de cómo estas personas se afectarían emocionalmente o se sentirían cohibidas en presentar su testimonio con el público en sala”.
La posición de la defensa de O’Neill es que la solicitud del OPFEI “no procede en derecho” y avalaba negar “el derecho al juicio público que tiene el imputado”.
El alto foro ordenó que se tomen medidas para que, durante la transmisión de las vistas a través de los medios de comunicación masiva, se proteja la identidad de estas testigos y no se retrate el rostro de las víctimas.
A solicitud de la prensa y conforme la política reciente de difusión de algunos casos judiciales, la vista preliminar contra O’Neill hoy, será transmitida por las páginas de Internet y canales de televisión.
La resolución de nueve páginas trascendió ayer.
O’Neill enfrenta acusaciones por cargos criminales por infracciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica en su modalidad de maltrato y por agresión sexual; acoso sexual en la forma de hostigamiento sexual en el empleo; exposición deshonesta; un cargo de actos lascivos contra una segunda víctima; y dos cargos de violaciones a la Ley de Ética Gubernamental (tanto bajo la ley anterior como la actual aprobada en el 2011).
El escándalo, que eventualmente llevó a O’Neill a renunciar a la alcaldía de Guaynabo, se hizo público en marzo del año pasado luego que trascendieran las denuncias de una policía municipal, que había llegado a un acuerdo financiero confidencial con el alcalde para desistir del pleito por un presunto patrón de acoso y abuso sexual.
El Departamento de Justicia investigó el asunto y encontró 20 violaciones de ley por parte de O’Neill y las refirió a la OPFEI. El imputado podría enfrentar hasta una condena de 25 años de prisión.