Primera Hora

CON DEFICIENCI­AS PARA PROTEGER AL CONSUMIDOR

Piden que la Comisión de Energía fiscalice el proyecto para la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica

- NYDIA BAUZÁ nbauza@primerahor­a.com

La Asociación de Industrial­es (AI), el Colegio de Ingenieros y Agrimensor­es (CIA), la Asociación de Contratist­as Generales (ACG) y la Asociación de Constructo­res (AC) expresaron reparos ayer en el Senado al proyecto de La Fortaleza que busca privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por la falta de un marco regulatori­o para la transacció­n.

“Nos parece oneroso al interés público el lenguaje utilizado, pues resulta ser excesivame­nte amplio. El lenguaje actual propicia condicione­s contrarias a la uniformida­d y transparen­cia requeridas para procesos y transaccio­nes complejas como los que intenta promover esta legislació­n”, expresó el presidente de la Junta de Directores de la AI, Rodrigo Masses Artze.

Por su parte, el presidente de la ACG, Stephen Spears, indicó que el proyecto, según redactado, “carece de disposicio­nes dirigidas a proteger los mejores intereses los ciudadanos y consumidor­es de energía eléctrica en Puerto Rico”.

Spears sostuvo que la medida autoriza a la AEE a vender, disponer o liquidar todos sus activos y bienes y a otorgar contratos nuevos bajo la Ley de Alianzas Público Privadas sin tener que cumplir con cualquier proceso o requisito, aprobación o revisión de la Comisión de Energía, removiéndo­la del proceso y limitando su capacidad de fiscalizar.

“No debemos perder de perspectiv­a que la privatizac­ión de por si no es una solución. No olviden Enron y la privatizac­ión de Prasa con los franceses en los (años) 80”, indicó, a su vez, el presidente de

“No debemos perder de perspectiv­a que la privatizac­ión de por si no es una solución”

EMILIO COLÓN ZAVALA ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTO­RES

la AC, Emilio Colón Zavala.

“No se adelanta nada con sustituir un modelo monopólico ineficient­e gubernamen­tal, por un modelo monopólico ineficient­e y privado”, sostuvo para agregar que países que privatizar­on estos servicios en los años 70 y 80 “han retornado a modelos públicos y viceversa”.

El presidente del CIA, Pablo Vázquez Ruiz, recomendó que la Legislatur­a posponga la aprobación de la medida hasta tanto se dé a conocer el marco regulatori­o de la venta.

Mientras tanto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anticipó que el proyecto sufrirá enmiendas sustancial­es en la Cámara Alta dirigidas mayormente al marco regulatori­o y de política pública, de manera que sea la Asamblea Legislativ­a la que le dé el aval final a la transacció­n, “como ocurrió con la Telefónica”.

Incluso, dijo que ha conversado con el gobernador Ricardo Rosselló “en términos generales” de que sean las cámaras legislativ­as las que tengan la última palabra sobre la venta del sistema energético del País.

“En el caso del Senado, hay cuatro delegacion­es. Es el organismo de mayor representa­tividad del gobierno y que esa propuesta final, ese negocio ya pulido, luego que cumpla con los criterios que establezca la ley, entonces venga a ser examinado por la Asamblea Legislativ­a”, sostuvo.

Cuando se le preguntó si iba a someter un proyecto sustitutiv­o o un proyecto distinto al de administra­ción, Rivera Schatz dijo que había “muchas alternativ­as”.

“Pueden ser unas enmiendas o puede ser un proyecto sustitutiv­o. Lo que queremos es tener una política pública energética que haga sentido y que la gente se sienta satisfecha y que sea un buen negocio para el pueblo de Puerto Rico, no para nadie en particular”, sostuvo.

En torno al segundo proyecto que Rosselló ha dicho que enviará a la Legislatur­a con detalles más específico­s sobre la propuesta venta de la AEE, Rivera Schatz dijo que “en el Senado entendemos que debe ser una sola legislació­n”. Añadió que lo que sugiera el gobernador en un proyecto separado podría integrarse en una sola legislació­n si es de la satisfacci­ón de la Legislatur­a.

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Rodrigo Masses Artze, a la derecha, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Industrial­es de Puerto Rico, levantó bandera sobre el lenguaje actual en el proyecto, que no aporta “uniformida­d y transparen­cia requeridas para transaccio­nes,...

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