EJERCICIO PARA “SACAR PECHO”
Economista dice que intervención de jueza Taylor Swain podría resultar beneficioso
La pugna entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por los planes de ajustes económicos parece ir rumbo al tribunal y podría tener el efecto de dilatar la llegada del urgente dinero federal necesario para reconstruir la Isla.
Según ha trascendido, el gobernador Ricardo Rosselló no está dispuesto a aceptar algunas de las medidas que propone la JSF.
En opinión del economista Antonio Fernós Sagebién, la controversia sería más política que económica, y al final de cuentas podría terminar siendo más beneficioso que la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, decida sobre la pugna.
“En realidad, lo que veo en el argumento de La Fortaleza no es económico, sino legal. Más bien es que plantean que la Junta no se puede meter en política pública. Eso lo establece la propia ley PROMESA. Y el Gobierno dice que no va a acatar lo que dice la Junta, y (José) Carrión (presidente de la JSF) dice que va a actuar y que no quiere tener que llevar a nadie preso”, comentó Fernós Sagebién, aunque destacando que no son muchas las diferencias entre las dos propuestas en el plano económico.
“Ahí ves las inconsistencias. La Junta pide eliminar el bono de Navidad y reducir las licencias de vacaciones y enfermedad, así como reducir las pensiones. Y la Junta le pide al Gobierno hacer legislación para lograr eso. Pero el Gobierno dijo en algún momento que iba a reducir las pensiones. Así que no entiendo que ahora se oponga. Para mí esto es un ejercicio de proyectar quién está sacando pecho. No sé si va a terminar en el tribunal porque el Gobernador dice que no va a acatar, pero si luego dice que sí. La Junta puede ejercer presión hasta el final”, opinó el economista.
Sin embargo, Fernós Sagebién aclaró que para que muchas corporaciones se puedan acoger a un plan de reestructuración de su deuda, necesitan tener un plan fiscal certificado y aprobado. Esa es la razón, indicó, por la que había tanta premura en revisar los planes fiscales que ya habían sido certificados antes del golpe del huracán María y en completar los que no estaban, como el de la Universidad de Puerto Rico.
Por otro lado, explicó el especialista, “hay unas ayudas, una línea de crédito del gobierno federal de 5,000 millones, que el secretario del Tesoro le dijo al gobierno de Puerto Rico que tenía que tener un plan fiscal certificado” para poder acceder a ella.
“Por eso también es apremiante certificar esos planes. Si no lo aprueban, no desembolsan el dinero. El Tesoro pone esas reglas y hay que cumplir con eso. Y el dinero se necesita ahora y no se puede estar esperando”, insistió.
Es por ello, y con esa urgencia vigente, “lo que se vislumbra es que quedemos en ma- nos de la jueza si el gobierno se niega a tomar las acciones que pide la Junta”.
“Ojalá se lleve a manos de la jueza. Es beneficioso. Para mí, yo soy de la opinión que el gobierno es de una clase política, pero la Junta también es un animal político. El posible desenlace en manos de la jueza Taylor sería bueno, porque ella no es ni PNP ni PPD, y será una decisión con sentido y no con el tirijala político”, opinó Fernós Sagebién.
Sobre los planes fiscales de la Junta, el economista evaluó que las propuestas del mercado laboral son contradictorias.
“Ellos dicen que son necesarias para aumentar la tasa de participación laboral. Pero si uno es de la idea que mientras mejor remunerado esté el
“Son los políticos haciendo ruido. Y mientras tanto estamos corriendo contra el reloj” ANTONIO FERNÓS SAGEBIÉN ECONOMISTA
trabajador más trabaja y mejor lo hace, pues lo que proponen es la antítesis, porque están quitando beneficios marginales”, destacó.
“La reducción de vacaciones, pues eso para el patrono, desde el punto de vista monetario, paga lo mismo. Pero para el trabajador eso significa que va a estar trabajando más horas al año por la misma compensación”, detalló Fernós Sagebién.
“Eso, va a desalentar el trabajo asalariado. Porque es mejor tener un carrito de comida que todo me lo gano yo, y decido cuándo trabajo, a qué hora lo hago. Pero con eso el estado pierde porque deja de ganar lo que recibe por nóminas mensuales. Entonces, no hay incentivo en ser parte del sector formal de la economía, y se quedan en el sector informal -que no significa que sea ilegal, sino que son actividades lícitas pero que no tributan correctamente. Y eso no va de la mano con la aspiración de subir la participación laboral”, agregó el economista.