SURGEN COMO POR ARTE DE MAGIA
Treinta “food trucks” se suman al montón de carretones del Gobierno almacenados en distintos puntos de la Isla sin uso
¡Abracadabra! Aparecen otros 30 food trucks destinados al nebuloso programa Pa’ Mi Gente.
Pero en esta ocasión, se trata de unos quioscos rodantes -olvidados por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTHR) y almacenados hace seis años en la fábrica Girard Manufacturing Inc., en Canóvanas-, que están nuevos de paquete y con atractivos complementos que elevan el valor por unidad a los $7,000.
Los carretones son los mismos que se mencionan como olvidados en un “taller” en un informe de auditoría que la Oficina del Contralor hizo al DTRH en julio de 2017, un documento que explica las diversas irregularidades que rodean al programa -una iniciativa del exgobernador Luis Fortuño- y el cual contaba con una asignación de $5 millones provenientes del Plan de Estímulo Económico Criollo para dar pie a un proyecto de impulso microempresarial. El fin del programa era otorgar un carrito a personas desempleadas para que montaran sus propios negocios.
La auditoría reveló que los 30 carretones ubicados en Canóvanas -a los que Primera Hora tuvo acceso durante el día de ayer- fueron parte de 120 unidades construidas entre los meses de mayo a octubre de 2012 por la compañía Girard Manufacturing Inc. tras un acuerdo establecido con la aseguradora Newport Bonding & Surety Company, empresa contratada por el DTHR.
Esta aseguradora formaliza el contrato con Girard Manufacturing como resultado de una fianza de ejecución, luego que el primer proveedor para construir los food trucks -una empresa identificada como Lorck Contractors Corp.- incumpliera su contrato con la agencia.
Como medida remediativa la aseguradora formalizó un acuerdo no financiero (takeover agreement) con el DTHR en el que se comprometía a buscar otro proveedor que completara la elaboración y ensamblaje de 130 carros rodantes. Fue entonces que entró en escena Girard Manufacturing, una empresa dirigida por José Casal Seibezzi, quien en entrevista con Primera Hora aseguró haber cumplido lo pactado.
“Newport nos da ese contrato para que les hiciéramos los carritos al Departamento del Trabajo. Durante meses fui- mos entregando las unidades hasta una última entrega que se da a finales de octubre de 2012. En ese momento parece que todo el mundo estaba pendiente a las elecciones y pospusieron las entregas… pero pasaron las elecciones y todo el mundo se desapareció. No había quién recibiera los dichosos trailers. Hicimos un montón de gestiones con la administración de ese momento (el exsecretario del Trabajo Miguel Romero, hoy legislador) y con la que entró (el exsecretario del Trabajo Vance Thomas). Nos reunimos varias veces con ellos y todo el mundo se cruzó de manos”, destacó Casal Seibezzi.
El empresario dijo que llegó a entregar 100 unidades y que las restantes 30 -las que hoy ocupan espacio en su taller-nunca fueron procuradas por la agencia ni por la aseguradora, esto a pesar de que el acuerdo con Newport Bonding & Surety establecía entre sus cláusulas y condiciones que en caso de que el DTHR no permitiera la entrega de los quioscos, Girard los almacenaría en su facilidad a razón de $50 diarios, lo que equivale a un aproximado de $45,000 mensual.
De hecho, el acuerdo -del que este diario obtuvo copia- indica que de no efectuarse el pago periódico o final de lo pactado la aseguradora se obliga a presentar su reclamo “directamente al Departamento del Trabajo”. Además se estableció como “garantía” que la aseguradora incluiría a Girard como subcontratista en el “payment and perfomance bond” entregado a la agencia gubernamental y proveería certificación de la misma a la empresa constructora.
“Pero no han pagado ni un
Es mi responsabilidad y la de esta administración analizar el trasfondo detenidamente, corregir los errores y establecer los procesos legales y administrativos correspondientes antes de relanzar o crear un nuevo proyecto”
CARLOS SAAVEDRA SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO
centavo por el almacenaje. Ni Newport ni el Departamento del Trabajo. Ahora mismo nos deben más de $2 millones”, expresó Casal Seibezzi quien intentó en agosto pasado subastar los carritos, pero el proceso fue detenido por el Departamento de Justicia.
Ante el panorama, el empresario se vio obligado a radicar una demanda en el 2015 contra la aseguradora, que a su vez trajo al pleito al DTRH. Este proceso legal, también es mencionado en la auditoría del Contralor, documento en el que se alude que los abogados de todas las partes trataban de llegar a un acuerdo transaccional. Precisamente, este lunes, 14 de mayo hay una vista sobre la demanda en el Tribunal de San Juan.
“Yo sólo quiero recuperar el dinero que me deben, el cual incluye también los costos de unos trabajos realizados en carros que se entregaron y que nunca me pagaron”, dijo Casal Seibezzi. El contrato global con Girard por los carretones construidos fue por $1,042,095, de los cuales se pagaron $992,788. La deuda correspondiente, por ese servicio, es de $49,306.
Reacciona Saavedra
Ayer, después de múltiples intentos, el secretario del DTRH, Carlos Saavedra, reaccionó al tema mediante declaraciones escritas, aun cuando Primera Hora insiste en que hay muchas interrogantes que debe responder a través de una entrevista.
En sus declaraciones, Saavedra indica que desde que asumió su posición en 2017 ordenó una investigación y recopilación de datos sobre el proyecto Pa’ Mi Gente.
“Una vez la presente administración comenzó a evaluar el funcionamiento del programa, encontramos que no existía un manual de procedimientos para el uso y traspaso del quiosco; no existía un inventario, había expedientes de participantes incompletos, entre otros asuntos”, expresó al rechazar que la agencia tenga deudas referentes a almacenajes de los carritos que están en Canóvanas.
Saavedra insistió en que los carretones que ubican a la intemperie en dependencias gubernamentales de Carolina, Ponce y Toa Baja están en “lugares seguros buscando precisamente salvar y proteger la propiedad y sin costo”. Agregó, incluso, que comenzó un plan de reparación y limpieza para acondicionarlos y poder levantar un nuevo proyecto y entregarlos a nuevos emprendedores.
“Todo esto lo hemos hecho con personal y materiales internos, sin tener que invertir dinero. Estamos buscando alternativas viables y que se ajusten a la realidad económica”, aseveró sin abundar sobre la iniciativa a la que añadirá un manual de procedimiento, reglamento y contratos para operar el programa que será diseñado con la asesoría de la División Legal de la agencia.
Sobre los señalamientos del Contralor, dijo estar atendiendo cada uno de ellos. El informe más reciente se envió el 27 de marzo de 2018, aseguró.
En cuanto a la orden del Contralor de recobrar $25,650 por penalidad de entrega tardía de 20 quioscos a la compañía Lorck Contractor, el 24 de octubre de 2017, la Oficina de Finanzas emitió la factura a la cual se le ha dado seguimiento mediante cartas y el contratista no ha realizado el pago. El pasado 26 de abril el caso de cobro fue referido al Negociado de Asuntos Legales para la acción correspondiente.
“El proyecto desde su origen fue bueno y tenemos muchas historias de éxito, pero es mi responsabilidad y la de esta administración analizar el trasfondo detenidamente, corregir los errores y establecer los procesos legales y administrativos correspondientes antes de relanzar o crear un nuevo proyecto. Estamos llevando a cabo todos los pasos de manera rigurosa para que no volvamos a caer en los errores del pasado. Rechazamos todo acto que redunde en la mala utilización de fondos públicos”, puntualizó. emergencia de $130,000 millones o del bono de navidad para los empleados.
Jaresko, reconoció que el Gobierno proveyó solo el presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2019, no así el presupuesto completo para el Gobierno de Puerto Rico.
Entre los cambios requeridos está una reconciliación completamente detallada del presupuesto con el Nuevo Plan Fiscal, incluyendo la identificación de medidas que afecten los ingresos y gastos, al igual que ingresos especiales y otros fondos de presupuesto.
“De conformidad con Promesa, para mejorar la responsabilidad fiscal y devolver la confianza en Puerto Rico, el presupuesto propuesto por el Gobierno necesita ir más allá y proveer herramientas de transparencia, manejo fiscal, y cumplimiento”, dijo Jaresko en referencia a un informe reciente de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) que identificó el mal manejo de las finanzas como un factor que contribuyó a la situación fiscal actual.
“La Junta... espera recibir un presupuesto revisado que esté en cumplimiento con el nuevo Plan Fiscal”, dijo Jaresko.
La Junta solicitó al Gobierno el presupuesto corregido para el 15 de mayo próximo.