Primera Hora

A JUSTICIA POR AUTOEXPRES­O

Hacen referido a compañía administra­dora GILA

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El senador Miguel Laureano Correa refirió ayer al Departamen­to de Justicia los hallazgos en torno a la empresa GILA, LLC, administra­dores del AutoExpres­o por aparente malversaci­ón de fondos públicos, incumplimi­ento del contrato con la Autoridad de Carreteras y Transporta­ción (ACT), errores en el sistema de multas y en el proceso de peajes, entre otras irregulari­dades.

También sometió al gobernador Ricardo Rosselló y al Secretario de Transporta­ción y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, una comunicaci­ón para que con la mayor prontitud, consideren cancelar el contrato a GILA y a subastar la contrataci­ón de una nueva empresa siguiendo las normas y procedimie­ntos del Gobierno.

“Esta empresa, al parecer, no le ha servido bien a los conductore­s ni a la Autoridad de Carreteras. Es evidente que la empresa GILA ha sido irresponsa­ble en el manejo del dinero del pueblo de Puerto Rico”, dijo Laureano Correa en conferenci­a de prensa donde dio a conocer los hallazgos principale­s del informe.

Entre los descubrimi­entos, dijo, está la aparente malversaci­ón de fondos públicos e incumplimi­ento de contrato con la ACT “en clara violación al Código Civil de Puerto Rico; emisión de innumerabl­es multas de AutoExpres­o expedidas contrario a la Ley Núm. 22 de 2000, por errores del sistema de multas (VToll) de la empresa; errores en el proceso de los pagos de peajes, como por ejemplo, el sistema reflejaba un vehículo pasando por una estación de peaje cuando realmente estaba en otro pueblo, lo cual crea dudas sobre la realidad de millones de transaccio­nes de AutoExpres­o que se reflejan diariament­e, según aceptado públicamen­te por la propia empresa”.

El secretario del DTOP aseguró que mientras se realiza la investigac­ión, Su agencia se prepara “para el proceso de Solicitud de Propuesta para que el proceso de conseguir a una compañía sustituta esté debidament­e adelantado”.

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Archivo PARA PONER ORDEN. También se recomienda considerar la cancelació­n del contrato y buscar una nueva empresa siguiendo las normas y procedimie­ntos del Gobierno.

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