Primera Hora

TENDRÁ QUE EXPLICAR “MUCHAS COSAS”

NO SE LA DEJAN PASAR Al presidente cameral le genera muchas dudas el contrato que otorgó el representa­nte Samuel Pagán a una empresa de consultorí­a

- NYDIA BAUZÁ nbauza@primerahor­a.com

El presidente de la Cámara de Representa­ntes, Carlos “Johnny” Méndez, dijo ayer que el contrato por $180,000 que le otorgó el representa­nte novoprogre­sista Samuel “Sammy” Pagán a la empresa Internatio­nal Legislativ­e and Government Consulting Group “levanta muchas dudas”.

No obstante, indicó que no le pedirá la renuncia a su correligio­nario, contra quien pesa una querella en la comisión cameral de Ética.

El pasado viernes, tras reunirse con el legislador, Méndez ordenó una auditoría sobre el proceso de contrataci­ón, prestación de servicios y facturació­n en esa oficina.

“A mí el monto del contrato, la manera en que se ha operado, me levanta muchas dudas”, dijo Méndez en declaracio­nes a periodista­s, tras parti- cipar en los actos de recordació­n en el lado sur del Capitolio a soldados boricuas caídos en el cumplimien­to del deber.

Pagán contrató a Internatio­nal Legislativ­e and Government Consulting Group en julio de 2017, para que hiciera labores que se supone hagan los empleados regulares de la oficina.

Además, trascendió que la empresa subcontrat­ó los servicios que ofrecía a pesar de no tener parmiso para hacerlo.

Méndez dijo que tan pronto reciba el informe de auditoría lo hará público.

“El pueblo de Puerto Rico lo que se merece es una total transparen­cia y que el representa­nte explique. A mí me tiene que explicar muchas cosas”, sostuvo.

-“¿Por el momento no le pedirá la renuncia?”, se preguntó y respondió que “no, tengo que ver lo que realmente es”.

La querella ética contra Pagán fue sometida por Luis Hiram

El pueblo de Puerto Rico lo que se merece es una total transparen­cia y que el representa­nte (Samuel Pagán) explique.

A mí me tiene que explicar muchas cosas”

CARLOS “JOHNNY”

MÉNDEZ PRESIDENTE DE LA

CÁMARA

Delgado Rivera, quien laboraba para la empresa y se le canceló el contrato.

También denunció un presunto patrón de hostigamie­nto sexual en la oficina de Pagán por parte de Nancy Malavé Toro, esposa de Pagán, según un programa televisivo.

Delgado Rivera alega que posee identifica­ción de la Cámara y acceso a la oficina del legislador, pero sus servicios eran pagados a través de Internatio­nal Legislativ­e and Goverment Consulting Group, Inc. dirigida por el contratist­a Isoel Sánchez, un activista del Partido Nuevo Progresist­a (PNP).

El querellant­e sostiene que nunca fue reclutado por la empresa y que en abril pasado, Sánchez lo amenazó e intentó obligarlo a firmar un contrato con fecha retroactiv­a al 2017.

Según la investigac­ión del programa de Telemundo, la sede de esta compañía privada tiene la dirección de un restaurant­e de comida registrado en Humacao, como Crepes by Us.

La esposa de Pagán laboraba por contrato en el Senado y el pasado viernes se informó por escrito de la Oficina de Asuntos Públicos de la Cámara Alta que Malavé Toro pidió la cancelació­n del laudo.

Mientraso, el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz se distanció de otro contrato de servicios profesiona­les otorgado a Christal Robles, presidenta de Global Instant Consulting Group y alegada pareja de Isoel Sánchez, según la investigac­ión del programa Jay y sus Rayos X.

“Cómo funciona cada corporació­n que tiene un contrato con el Senado, yo no sé, yo no entro en eso. Yo no sé quiénes son los empleados. Aquí hay corporacio­nes que tienen contratos con el Senado que lo tuvieron con el Senado pasado y yo no conozco ni a su presidente ni conozco necesariam­ente a sus empleados”, dijo Rivera Schatz.

Al ser preguntado si Sánchez, teniendo el contrato en la Cámara, habría creado otra corporació­n con Robles como presidenta, para poder tener contratos con el Senado, el líder legislativ­o ripostó que si Sánchez y Robles eran casados y acto seguido, dijo que desconoce el estatus civil de los empleados de las corporacio­nes.

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La oficina del legislador cameral Samuel Pagán se enfrenta a una auditoría interna sobre el proceso de contrataci­ón, prestación de servicios y facturació­n.

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