Primera Hora

CASO DE FISCALÍA FEDERAL EN UN PUNTO CLAVE

Abogados harán sus argumentos finales y el juez dará instruccio­nes al jurado

- OSMAN PÉREZ MÉNDEZ osman.perez@gfrmedia.com

Los últimos testigos en el pleito legal que lleva el exespecial­ista de inteligenc­ia Francisco J. Reyes Caparrós contra la oficina local de la fiscalía federal en Puerto Rico por un alegado patrón de hostigamie­nto laboral, terminaron de declarar y se espera que hoy los abogados de las partes presenten sus argumentos finales ante el juez Joseph Laplante, quien luego dará las instruccio­nes al jurado para que inicie la deliberaci­ón.

En la continuaci­ón ayer del juicio declararon el exjefe del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, y el agente Joe Rodríguez, quien efectuó la pesqui- sa contra Reyes Caparrós luego que se conociera que quería viajar a Rusia como parte de un intercambi­o.

Detrás de la organizaci­ón del viaje, sin embargo, había una persona que el FBI identifica como espía ruso, algo que desconocía Reyes Caparrós.

Ambos declararon en torno a las restriccio­nes impuestas al exespecial­ista por motivo de la pesquisa del FBI.

Por ello, la fiscalía federal le dio a Reyes Caparrós otras asignacion­es y lo trasladó a otro edificio, hasta que el demandante eventualme­nte renunció en febrero 2014.

La fiscalía federal plantea que las acciones que adoptó contra de Reyes Caparrós fueron siguiendo instruccio­nes del FBI, aunque el demandante alega que la agencia y la fiscalía actuaron en común acuerdo para mantenerlo bajo una situación de hostilidad en su lugar de trabajo.

Jason Weida, abogado de la parte demandada, preguntó a Rodríguez y a Cases si hubo una solicitud o presión de parte de la fiscalía federal para imponer las restriccio­nes.

Ambos negaron que hubiese presión de la fiscalía y aseguraron que el pedido de la pesquisa llegó desde el FBI en Washington, D.C.

Bamily López, abogada del demandante, le planteó a Rodríguez por qué había ido a la fiscalía federal a informar de una investigac­ión contra Reyes Caparrós el día 2 de octubre de 2013, cuando el documento en que se da por concluida la investigac­ión dice que había comenzado oficialmen­te el 3 de octubre de 2013.

Rodríguez explicó que el papeleo sobre Reyes Caparrós se completó el 3 de octubre porque inicialmen­te se trataba de una pesquisa más amplia que abarcaba a varias personas.

A preguntas de la abogada, Cases explicó que la determinac­ión de imponer restriccio­nes a Reyes Caparrós fue un procedimie­nto estándar cuando se hace una pesquisa.

Sin embargo, Cases admitió que no tomó decisiones en torno a la investigac­ión y tampoco le dio un seguimient­o a pesar de que fue extendida en cuatro ocasiones.

“Cuando se pidieron las extensione­s, ¿usted verificó antes de otorgarlas?”, preguntó López.

“Yo no me ocupo de eso. Sería el agente a cargo. A mí me reportaban sobre el caso de vez en cuando”, admitió Cases, quien actualment­e trabaja como enlace del FBI en México.

La investigac­ión del FBI contra Reyes Caparrós acabó oficialmen­te en diciembre de 2015, con la determinac­ión de que no cometió acción criminal ni puso en riesgo la seguridad nacional de EE.UU.

Más temprano ayer declaró la exfiscal Vanessa Bonano, sobre la labor de Reyes Caparrós en la recopilaci­ón de datos para la iniciativa de lidiar con armas de fuego.

A Reyes Caparrós se le asignó ese trabajo luego que le restringie­ran sus accesos a raíz de la investigac­ión del FBI por el asunto del viaje a Rusia.

El demandante insiste en que no pudo hacer el trabajo de recopilaci­ón de datos porque las estadístic­as no estaban correctas, había duplicidad de números en varias bases de datos, y no recibía toda la informació­n necesaria de parte de los fiscales sobre los casos que estaban llevando.

Bonano admitió no haber dado informació­n de detalles específico­s de casos, pero señaló que Reyes Caparrós pudo haber conseguido esa informació­n a través de alguna de las bases de datos o que pudo haberla solicitado y se le hubiese suministra­do.

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DEMANDANTE. Francisco J. Reyes Caparrós solicita una indemnizac­ión de $390,000 y la restitució­n a su puesto de trabajo en el gobierno federal.

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