BUSCAN CORTAR NEGOCIOS CON VENEZUELA
Aprueban medida para prohibir vínculos comerciales con el país sudamericano
Un proyecto de ley que establece como política del gobierno de Puerto Rico el rechazo a tener vínculos comerciales con la república de Venezuela, generó un fuerte debate ayer en la Cámara de Representantes y se aprobó, con el rechazo de las minorías popular e independentista.
La medida repudia cualquier relación comercial entre el gobierno de Puerto Rico y empresas locales, nacionales e internacionales que efectúen o mantengan vínculos de negocios con el poder público de la república bolivariana.
“A tono con los principios democráticos que caracterizan a Puerto Rico se hace imprescindible que apoyemos las gestiones encaminadas por los países miembros de la OEA (Organización de Estados Americanos) y por los opositores al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro”, expresó el autor de la pieza legislativa, el representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz en la exposición de motivos.
Pero, el representante popular Luis Vega Ramos advirtió que si la medida se convierte en ley, podría afectar a empresas puertorriqueñas que tienen contratos previos y que dependen de materia prima o de servicios de compañías en Venezuela, particularmente en el área del combustible.
“El primero que violaría esta ley sería el gobernador Ricardo Rosselló porque tiene como cabildero a Manuel “Many” Ortiz, quien a su vez, tiene contratos de cabildeo con la empresa Citgo, que es una subsidiaria del gobierno venezolano através de la Empresa de Petróleos del gobierno vene- zolano”, sostuvo Vega Ramos.
“Esto es un absurdo. Este un País intervenido desde hace más de un siglo y en estos momentos, una junta de control fiscal representa esa intervención, el colonialismo y nos queremos hacer eco de políticas intervencionistas del País que nos mantiene como colonia”, indicó por su parte, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón.
Márquez Lebrón dijo también que la medida “no va a ningún lado” porque quien determina la política comercial de Estados Unidos es el Congreso.
En el informe de la medida se hace constar que la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) advirtió en un memorial explicativo que si bien la pieza no conflige con la política pública federal, podría tener un impacto en el comercio interestatal y además, pudiera estar sujeta a ataques colaterales exitosos fundamentados en las claúsulas de supremacía y de comercio.
“La determinación de su constitucionalidad corresponderá al Tribunal Supremo de Puerto Rico y/o al Tribunal Supremo de Estados Unidos” INFORME DE LA MEDIDA