LEY 80: SIGUE POLÉMICA EN EL SENADO
Aceptan que la propuesta no protege a los empleados que sean despedidos sin justa causa
El caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado vuelve a considerar hoy la controvertible derogación de la Ley 80, pero parece que la nueva versión impulsada por el senador Miguel Romero tampoco tiene los votos suficientes para romper el tranque en ese cuerpo legislativo.
De hecho, el propio senador de la Palma aceptó ayer que la propuesta conlleva incluir una causal de despido discriminatorio en la Ley 100, que no supone la misma protección para los empleados que sean despedidos sin justa causa.
En términos procesales, reconoció, además, que la Ley 80 establece “una presunción de salida, un marco probatorio distinto y un mecanismo de procedimiento sumario”.
No obstante, el legislador del PNP indicó que la Ley 100 plantea que el patrono tiene que decir cuál fue la razón justificada para el despido y sostuvo que el esquema probatorio de esta ley antidiscrimen, según establecido por los tribunales, permite que el trabajador afectado presente prueba para establecer que la razón justificada que da el patrono, “es un mero pretexto”.
“En ese sentido eso está bastante claro. Que no es la
misma protección que la Ley 80; no la es”, sostuvo Romero, quien le presentó en detalle la propuesta ayer al gobernador Ricardo Rosselló y en horas de la tarde se proponía hacer lo mismo con integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El senador novoprogresista detalló que la propuesta no conlleva el uso de fondos públicos y “establece unos daños líquidos adicionales, cuyo cálculo se va a hacer como se calcula la mesada a base de la Ley 80”.
Añadió que los daños y penalidades son compensados por el patrono privado que cometa la acción discriminatoria.
“Además de los remedios que están ya en Ley 100 sin alterarlos, que se incluya un remedio adicional, que es que el empleado discriminado reciba una compensación monetaria que se calcula de la misma forma que se calcula en la Ley 80”, abundó el legislador, senatorial quien dijo, además, que “para que esto pase, eliminaría y derogaría la Ley 80”.
En tanto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, levantó bandera con la propuesta de Romero.
“Yo no voy a votar a favor del que derogue la Ley 80. Lo pueden llamar como lo quieran llamar, lo quieran sazonar, yo no voy a votar a favor de la derogación de la Ley 80”, dijo Rivera Schatz a preguntas de Primera Hora en el Capitolio.
“Yo llegué hasta donde entendí que era prudente, proteger al trabajador que tiene el derecho y prospectivamente, los nuevos empleos que ellos alegan que se van a crear, pues que no tengan esa protección.
“
Creo que la propuesta de Miguel
Romero es buena. No veo cómo iría en contra de ese acuerdo” (con la Junta de Supervisión Fiscal)
RICARDO ROSSELLÓ
GOBERNADOR
Pero, hasta ahí yo llegué. Nada más”, sentenció el dirigente senatorial del PNP.
Lo ve con buenos ojos
Mientras, Rosselló reiteró que la idea de Romero es positiva, al tiempo que hizo un llamado a los senadores y representantes a estudiar la propuesta y llegar a un entendido que pueda salvar el acuerdo al que llegó el ejecutivo con la Junta de Supervisión Fiscal.
“Creo que la propuesta de Miguel Romero es buena. No veo cómo iría en contra de ese acuerdo (con la Junta). Confío que, para mañana (hoy), cuando se celebre el caucus a la 1:00 p.m. se pueda tomar una determinación final y firme sobre esta iniciativa”, dijo Rosselló luego de firmar la ley de transformación energética.
“Uno de los retos de todo esto es tratar de balancear lo que viene del Senado y la Cámara, y que sea consistente con el acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal. Yo les puedo decir que estoy en comunicación con los compañeros del Senado y hay una apertura para poder evaluar esta nueva propuesta de Miguel Romero como parte de una solución para poder lograr el compromiso de convertir a Puerto Rico en una jurisdicción ‘ad will’ y encaminar el acuerdo que nos permitirá echar a Puerto Rico hacia adelante”, agregó.
El Gobernador dijo que la nueva propuesta de Romero no necesariamente rivaliza con las enmiendas que se aprobaron en la Cámara de Representantes.
“No son exclusivas. La Cámara trajo unas enmiendas producto del acuerdo. Esto se trabajó en equipo. Producto de ese diálogo (es que) se pudo extender la vigencia de la Ley 80 para los (empleados) de 15 años o más hasta junio del 2021. Producto de ese diálogo (es que) se desarrolló el fondo para la protección de los despidos injustificados. No veo que sea una cosa inconsistente. Es un componente adicional que se le añade a la ecuación”, sostuvo.
La Ley 100, del año 1959, contiene una serie de protecciones para evitar el despido injustificado por razón de raza, edad, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida o visto como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho o por ser exmilitar, servicio o haber servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano.
Lester Jiménez colaboró en esta historia.