"ESTAMOS VIVIENDO UNA CRISIS DESPUES DE LA CRISIS"
Coalición llevará mensaje a la Organización de Naciones Unidas denunciando la violación de derechos básicos de la población tras el paso del huracán María
Estamos viviendo una crisis después de la crisis que afecta los derechos más básicos de la población...”
ANNETTE MARTÍNEZ
COORDINADORA DE LA INVESTIGACIÓN
Denunciarán ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos hallazgos de una latente crisis humanitaria en Puerto Rico, a nueve meses del azote del huracán María.
La voz de alerta la llevará una coalición multisectorial de organizaciones que en diciembre pasado, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C., a denunciar que las acciones de recuperación al desastre por parte del gobierno estatal y federal en lugar de alivio en muchas instancias agudizaron la crisis.
El grupo alude que a la fecha -274 días después del embate atmosférico-, la situación no ha mejorado en la Isla y que así lo comprueban datos de un informe actualizado al mes de junio y que lleva por nombre Justicia Ambiental, Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico.
“Estamos viviendo una crisis después de la crisis que afecta los derechos más básicos de la población y que incluyen vivienda segura, alimentación, educación y salud, entre otros”, dijo en una conferencia de prensa Annette Martínez, coordinadora de la investigación y directora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Resaltó, además, que la denuncia y exigencia de acciones remediativas -de la que se le otorgarán copias al gobernador Ricardo Rosselló; al secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín; y a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez- coincide con la presentación en Ginebra del informe del Relator Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Phillip Alston, quien tras una visita expresó que la pobreza en Puerto Rico está marcada por un gran déficit de derechos.
“Al Gobierno no ser responsivo no vemos otra salida que recurrir a los foros internacionales con los datos del informe actualizados... exigimos una respuesta por parte de Estados Unidos y del Gobierno por la violación de derechos humanos vividos después del huracán María”, expresó Martínez.
De hecho, advirtió que podrían ir al foro judicial en caso de que el Gobierno ignore el reclamo para que los puertorriqueños vivan “en condiciones dignas”.
“No quisiéramos tener que ir al tribunal... la sociedad civil se merece transparencia. Pero no descartamos nada”, dijo Martínez.
Mientras, se le solicitará a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que incluya la situación del país en sus informes temáticos, que le exija a los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos a tomar medidas cautelares con las poblaciones vulnerables, así como que se realicen visitas oficiales a la Isla por parte de miembros de la organización internacional.
El reclamo también enfocará en el tema del derecho al acceso a la información, un tema que ha sido de gran relevancia por la poca data ofrecida por parte del Gobierno en cuanto a las muertes a consecuencia del huracán.
En ese sentido la coalición exige que los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos hagan pública la información sobre todas las muertes que ocurrieron a causa del huracán y a causa de las fallas en los servicios médicos, eléctricos, sociales y se seguridad. Al momento, el Gobierno mantiene la cifra de muertes en 64, mientras que un estudio de la Universidad de Harvard sugiere un promedio de 4,645.
Además, la denuncia insta a que se investigue por qué la telefonía fija e inalámbrica todavía no funciona al 100% en la zona central de Puerto Rico, así como en Vieques.
“Que los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos hagan pública la información sobre contrataciones efectuadas bajo el Estado de Emergencia”, dijo, por su parte, Mari Mari Narváez, directora de Kilómetro Cero, al asegurar que para la fecha mencionada se concedieron 19,400 contratos.
A continuación presentamos algunos de los hallazgos del informe -dividido en nueve capítulos- que fueron discutidos ayer por representantes de las diversas organizaciones que conforman la coalición multisectorial.