Primera Hora

NO QUIEREN OPERAR COMO VEHÍCULOS DE ALQUILER

Dueños de escuelas de conducir rechazan imposición de ser reglamenta­dos por la CSP

- FEMMY IRIZARRY ÁLVAREZ firizarry@primerahor­a.com

Dueños de escuelas de conducir no compran la idea de ser reglamenta­dos por la Comisión de Servicio Público (CSP), cuando ya están bajo el Departamen­to de Transporta­ción y Obras Públicas (DTOP), y mucho menos que estén obligados a obtener una autorizaci­ón para operar como empresas de alquiler de vehículos.

Carlos Pardo, de Prestige Driving School, explicó que el clasificar sus vehículos como de alquiler los obliga a sacar un permiso en la CSP.

“Nosotros no caemos bajo la descripció­n de alquiler porque a un menor no se le alquila un carro, ni con licencia de aprendizaj­e. La persona nunca toma posesión del carro para hacer lo que le da gana. Yo me bajo y sube un instructor”, denunció.

Sin embargo, aceptó que una sentencia del Tribunal Apelativo dejó claro que sus autos caen bajo alquiler, “pero no dice que la CSP tiene que regularnos”.

El ex presidente de la Asociación de Escuelas de Conducir dijo que “ahora, para dar clases seguimos con el DTOP, pero para pararnos en la fila para que el cliente tome el examen tenemos que pagar”.

Sostuvo que para obtener el permiso “que dura tres años, hay que pagar $400”. También una anualidad de $50 “por cada carro adicional que tenga la escuela”. Además, hay que comprar otro seguro de auto, o atemperar el que tienen, “que costará mucho más”, para cobijar las dos agencias. El actual fluctúa entre $300 y $400.

Pardo agregó que le están pidiendo otros $200 para un permiso provisiona­l en lo que procesan el permanente, “que podría tardarse un año”.

A otros perjudicad­os, incluyendo a Celia Quiles, de New Brother Driving School, denunciaro­n que se les han requerido pagos en efectivo.

“Los ciudadanos también se afectarán porque habrá menos escuelas, se cierran talleres de trabajo y hay que subir los precios”, alertó.

El llamamient­o a la CSP es a que no tenga injerencia sobre ellos y, de insistir, que la decisión sea prospectiv­a.

Por su parte, el presidente de la CSP, Luis D. García, anunció ayer -luego de una reunión con dueños de escuelasqu­e las empresas tendrán 90 días adicionale­s, a partir del 5 de julio, para someter los documentos.

García explicó que esa entidad aprobó un reglamento en el 2007, que supervisab­a las escuelas de conducir, pero fue impugnado y en el 2009 el Apelativo confirmó la jurisdicci­ón de la CSP.

El funcionari­o indicó que en enero pasado celebraron cinco días de vistas públicas como parte del Código de Reglamento­s -para uniformar todos los reglamento­s bajo la CSP- y se les informó a todas las escuelas.

Dijo que “más allá de pedirme tiempo adicional, ninguna de ellas (escuelas) se me ha acercado… a solicitarm­e algún tipo de enmienda al reglamento que entró en vigor el 5 de mayo”.

A partir de esa fecha se le requirió la entrega de los documentos para ponerse al día.

De otro lado, García aseguró que a todos se les informó con tiempo de los cambios, por lo que “firmé una carta circular -el 5 de mayo- dándole 60 días para que se pusieran al día”.

En cuanto al permiso provisiona­l, afirmó que es más para una persona que “crea una escuela de conducir y quiera operar ese mismo día”.

De igual forma, confirmó que hay problemas con el sistema de pago automatiza­do (ATH), pero que ya lo están resolviend­o; el pago también puede ser con cheque.

Aquí hay gente que lleva 40 años con su escuela. Los otros días me llamó uno llorando y me dijo ‘qué voy a hacer ahora'. Vas a matar a un montón de gente que va de salida. Es como quitarle el trabajo…”

CARLOS PARDO PRESTIGE DRIVING SCHOOL

 ?? Archivo ?? DESACUERDO. Un grupo de dueños de escuelas de conducir de toda la Isla se manifestó ayer frente al Centro del Servicio al Conductor (CESCO) en Carolina, en contra de la Comisión de Servicio Público (CSP).
Archivo DESACUERDO. Un grupo de dueños de escuelas de conducir de toda la Isla se manifestó ayer frente al Centro del Servicio al Conductor (CESCO) en Carolina, en contra de la Comisión de Servicio Público (CSP).

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