GOBERNADOR TIENE MUCHOS PROYECTOS POR LEER
Entre las medidas que aguardan por su firma, está la venta de terreno en balneario de Carolina
La Resolución Conjunta 94, que privatizaría cinco cuerdas de terreno del balneario de Carolina y que fue aprobada con el rechazo de las minorías, va rumbo a La Fortaleza para la firma del gobernador Ricardo Rosselló.
Mientras tanto, el grupo Amigos del M.A.R. y el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Pedro Saadé Llorens, le pidieron mediante carta, una reu- nión al Gobernador antes de que convierta en ley la medida. No han recibido respuesta.
“Lo importante aquí es que estos son terrenos públicos, catalogados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como zona marítimo terrestre, lo que implica (de convertirse en ley la medida) que nuestros bienes patrimoniales públicos se podrían vender a quien pueda pagarlos pasando por encima de sus propias leyes”, dijo la portavoz de Amigos del M.A.R., Vanessa Uriarte.
Indicó que la resolución prohíbe al Municipio Autónomo de Carolina continuar con la expropiación de un contrato de arrendamiento de los terrenos por 99 años para la construcción de un complejo hotelero en el solar que comprende parte de la playa pública.
Recordó que actualmente está en litigio una demanda de expropiación que instó hace dos años el gobierno municipal de Carolina.
“Estamos sumamente preocupados porque esta resolución lo que busca es legislar para los intereses particulares del Marriott Courtyard de Isla Verde y la compañía CH Properties, que tiene el contrato de las cinco cuerdas, que ya un tri- bunal determinó que es ilegal”, sostuvo la activista ambiental.
Dijo que sometieron una petición que busca detener el traspaso de los terrenos “que tiene sobre tres mil firmas”.
La controversia en torno al traspaso de los terrenos también se relaciona con una querella ética que le radicó el representante popular por Caro- lina, Ángel Matos, al senador novoprogresista y presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Miguel Romero, por evaluar y votar a favor de la Resolución 94, mientras se alega que, supuestamente, recibió donativos políticos de los desarrolladores del proyecto.
La querella, sin embargo, fue desestimada esta semana y Romero dijo que demandaría a Matos, quien dijo ayer que en mayo pasado el Negociado de Investigaciones Federales (FBI) lo entrevistó sobre la polémica que rodea el asunto.
Por su parte, el profesor Saadé Llorens sostiene que la resolución legislativa ignora el reclamo que desde el año 2005, realizan ciudadanos y entidades para que se garantice el uso público del balneario en Isla Verde, Carolina.
Otra medida que está en el despacho del Gobernador es la que abre paso a la importación, posesión y adquisición de perros pitbull terriers en Puerto Rico.
El proyecto de ley enmienda la Ley 158 de 1998, que prohibió traer al País y poseer este tipo de raza canina, así como los “híbridos producto de cruces entre éstos y perros de otras razas”.
La medida se aprobó en la Cámara, el 31 de agosto de 2017 y al ser ratificada sin enmiendas en el Senado, pasa para la firma del Gobernador.