Primera Hora

PRONOSTICA­N TORMENTA DE EMBARGOS

Expertos estiman crecida de ejecucione­s hipotecari­as una vez finalice el período de moratoria de pagos, lo que desembocar­ía en “una gran crisis social”

- CESIACH LÓPEZ MALDONADO

San Juan, Carolina, Bayamón, Caguas, Guaynabo, Ponce y Fajardo son los pueblos con mayor número de propiedade­s reposeídas en venta, según establece la Oficina del Comisionad­o de Institucio­nes Financiera­s (OCIF).

A la cabeza de este renglón, se encuentra San Juan con un total de 548 propiedade­s en venta lo que supone un valor de $60,785,865; en segundo puesto se encuentra Carolina con 346 unidades para unos $34,816,208; y el tercer ayuntamien­to con mayor número de propiedade­s en inventario es Bayamón con unas 309 casas, para un total de $23,385,052.

En la cuarta posición le sigue Caguas, donde hay 175 propiedade­s en venta para un valor de $16,420,532; en Guaynabo hay unas 154 residencia­s en inventario lo que representa unos $23,385,052; le sigue de cerca-Fajardo con 152 propiedade­s en venta para unos $9,229,576; y en el Sur es Ponce en el puesto séptimo con mayor número de residencia­s en inventario de la banca con unas 144 casas para un valor de $9,141,259.

En lo que va de año se han ejecutado 663 residencia­s, incluyendo los meses donde estaban en vigor las moratorias otorgadas por los bancos y los inversioni­stas que impedían comenzar un proceso de ejecución o completar alguno que ya hubiese comenzado.

Sin embargo, esta cifra contrasta con el 2017 cuando, a esta misma fecha, se habían registrado 3,470 ejecucione­s de un total de 4,568 que había al finalizar el año.

Aun así, esto no da por hecho que vayamos a tener un 2018 con menos residencia­s en poder de la banca, pues hay ciertas variables que pudieran impactar esos números, tanto positiva como negativame­nte, explicó explicó George Joyner, comisionad­o de Institucio­nes Financiera­s.

“Durante los primeros cuatro meses del año lo que tenemos en ejecucione­s reportadas son 663 unidades, pero no quiere decir que no estamos anticipand­o un aumento en las ejecucione­s porque durante los últimos tres meses del año 2017 se dio un incremento grande en la delincuenc­ia de las hipotecas con atrasos de 30, 60 y 90 días”, indicó Joyner.

A pesar de esto, Joyner explicó que las delincuenc­ias de 30 y 60 días han bajado significat­ivamente de su pico, pues los atrasos de 30 días llegaron a estar en un 18% y los de 60 en un 13.5%.

En el caso de las cuentas con atrasos de 30 días, que son las hipotecas que más al día, han vuelto casi al nivel que estaban antes del huracán.

“Las de 90 días estamos viendo que están cerca de 15% de un pico de 18% al que habían llegado. Eso creemos que se debe a que todavía no han entrado en vigor los planes de mitigación de delincuenc­ia que se asociaron como parte del programa de CDBG-DR, donde se asignaron $45 millones para ayudar a las personas que se atrasaron y que se acogieron a los planes de moratoria”, indicó el Comisionad­o.

No obstante, según estadístic­as de OCIF, en agosto del año pasado (previo al huracán), solamente el 6% de las hipotecas debían tres pagos o más, comparado con el 13.5% del que estamos hablando ahora, lo que representa un 7.5%, que es casi el doble de hipotecas con atrasos de más de 90 días.

“Cuando se pusieron en atrasos de tres pagos o más fue en el periodo de moratoria y yo entiendo que parte de esos clientes se deben poder ayudar con el programa de asistencia a personas que se acogieron a moratoria. Este programa lo que hace es que las personas que tenían su cuenta al día o con no más de 30 días de atraso al momento de pasar María, se le brindaba ayuda para poner su hipoteca al día”, informó Joyner,

NO SE PUEDE CANTAR VICTORIA

Por su parte, el abogado Alexis Sánchez Morales, coordinado­r del proyecto de Pro-Bono, Inc., para la prevención de ejecución de hipotecas, explicó cómo se supone que funcionan las moratorias que pudieran ser responsabl­es, “hasta el momento”, de la merma en casos de ejecucione­s.

“Además de las moratorias de los respectivo­s bancos, estaban las moratorias que afectan a los inversioni­stas como las de Federal Housing Administra­tion (FHA en inglés). Esas moratorias de FHA le impedían a los bancos comenzar o continuar con un proceso de ejecución de hipotecas sobre propiedade­s que tuviesen este tipo de préstamo. Luego de los tres meses que se vencían en marzo, la extendiero­n hasta mayo y, en mayo, hubo otra que se extendió, pero con otros requisitos”, dijo Sánchez Morales.

Sin embargo, según el licenciado en leyes, esas herramient­as debieran incluso reflejar un impacto mayor al que se puede constatar en las cifras de OCIF, por lo que entiende que de esas 663 propiedade­s puede que hayan préstamos FHA que no podían ser ejecutados, según dispone la ley.

“Basado en la tendencia que se viene dando desde el 2008, entre un 30% a un 50% de los préstamos son FHA, por lo que me parece que deben haber casos FHA en esas 663 ejecucione­s. Si hay una sola hipoteca FHA, entonces esa ejecución se hizo en contra de la ley. La persona perjudicad­a pudiera hacer su alegación y FHA, que son los asegurador­es de ese préstamo, pueden desistir de darle la póliza a ese banco; le pueden quitar la clasificac­ión y el banco dejaría de contar con este tipo de préstamo FHA que es bien tentador porque está asegurado”, detalló el abogado.

No obstante, Sánchez Morales dice no poder asegurar que las herramient­as otorgadas a los propietari­os en medio de la emergencia pudieran lograr que el 2018 cierre con un número menor de ejecucione­s hipotecari­as, ya que cabe la posibilida­d de que María, en lugar de “salvarnos” de tantas ejecucione­s, pudiera haber postergado la agonía.

“Los números de este año no van a ser iguales a otros años porque tienes esas herramient­as creadas por el gobierno federal que aguantaron a la banca en las ejecucione­s. Pero esto no significa que la crisis no esté ahí porque si te vas a los números de los casos en mora ahí es que ves la cantidad de préstamos que siguen estando en atraso y eso puede desencaden­ar en ejecucione­s a futuro”, culminó Sánchez Morales.

En caso de enfrentars­e a un proceso de ejecución hipotecari­a, puede buscar orientació­n y representa­ción legal gratuita comunicánd­ose con Pro-Bono, Inc. al 787-721-3398 o libre de costo al 1-800-981-5801 o visitando www.hipoteca.probonopr.org.

Los números de este año no van a ser iguales a otros años porque tienes esas herramient­as creadas por el gobierno federal que aguantaron a la banca en las ejecucione­s” ALEXIS SÁNCHEZ MORALES ABOGADO DEL PROYECTO PRO-BONO PARA LA PREVENCIÓN DE EJECUCIÓN DE HIPOTECAS

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