INTERESA OPCIÓN PA’L ESTE
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, evalúa la viabilidad de establecer una red micro-eléctrica de gas natural “que sostenga gran parte de las necesidades de la población que reside la zona Este de la Isla, como medida de transición hacia la energía renovable”.
Ello sería en los terrenos de la antigua base naval de Roosevelt Roads en Ceiba, informó ayer por escrito.
“Nuestra intención es desarrollar una base de transición hacia la energía renovable que provea a los residentes del este de Puerto Rico con la capacidad de sostenibilidad eléctrica, a precios más bajos y con mejor servicio”, agregó.
Para ello “evaluamos distintos modelos, como los llamados ciclos combinados, donde el gas natural sirve como fuente primaria. Nosotros en la región este contamos con las facilidades para establecer un sistema así en la antigua base de Roosevelt Roads. Es cuestión de estudiar qué plataforma de transición nos conviene en estos momentos”, comentó Méndez.
Las expresiones del líder legislativo se dieron durante una reunión esta semana con ejecutivos de la central de generación Ecoeléctrica, localizada en Peñuelas.
Goza por Whitefish
El gobernador Ricardo Rosselló se mostró satisfecho con el resultado de una investigación de la Contraloría que estableció que era legal el contrato suscrito con Whitefish Energy, empresa que ganó un polémico acuerdo para levantar el tendido eléctrico tras el paso del huracán María.
Además de la Oficina del Contralor, el Congreso de los Estados Unidos tampoco encontró algo irregular en el contrato.
El gobernador dijo ayer que desde el principio “establecimos que esto se tenía que investigar y llevó su proceso, la
investigación de la contralora llegó a la conclusión de que no había irregularidades”.
El contrato firmado entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Whitefish Energy, una empresa con solo dos empleados fijos y que hasta el momento apenas había conseguido un acuerdo de poco más de $1 millón durante su trayectoria, generó una polémica que provocó la dimisión del entonces director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos.
El contrato por $300 pactado con la AEE llevó al Congreso y a la Casa Blanca a cuestionar la capacidad de la Administración Rosselló para atender la crisis energética tras María.