DEFIENDEN ABORTO A CAPA Y ESPADA
Organizaciones hacen frente al proyecto radicado por la senadora Nayda Venegas
Bajo el lema “Aborto libre, seguro y accesible”, más de 70 organizaciones de Puerto Rico y el exterior se unieron a una campaña en contra del proyecto legislativo que –entre otras cosas– dilataría el proceso para practicar un aborto y restringiría los derechos de las jóvenes menores de edad que deseen poner fin a un embarazo.
Durante la conferencia de prensa que sirvió para lanzar oficialmente la campaña, cerca de una decena de mujeres en representación de las distintas entidades manifestaron que la medida de la senadora Nayda Venegas Brown (PS 950) no se sostiene en fundamentos científicos, sociales o salubristas.
“Este proyecto ha expresado en múltiples ocasiones que no existen estadísticas ni datos sobre el aborto, a pesar de que el Departamento de Salud recopila los datos clínicos y demográficos que reportan cada una de las seis clínicas (de aborto) existentes en Puerto Rico”, señaló Blanca Cuevas, directora ejecutiva de Profamilias,
Según los datos del Departamento de Salud que se ofrecieron en la conferencia, apenas el 6% de los abortos en Puerto Rico entre 2010 y 2017 fueron practicados en menores de 18 años. De igual forma, menos de uno de cada 500 abortos reportados ocurre posterior a las 16 semanas de embarazo.
Sin embargo, el proyecto de ley de Venegas Brown dispone que una menor de edad deba conseguir el permiso por escrito de alguno de sus padres o tutores para abortar. En caso de que no le fuera posible obtener el permiso, la menor se vería obligada a buscar una orden judicial que le autoriza- ra a terminar el embarazo.
El PS 950 igualmente intenta prohibir los abortos luego de las 20 semanas de gestación, “excepto en el caso de una emergencia médica”.
“Los derechos alcanzados para la práctica del aborto en Puerto Rico aseguran que se practica en condiciones adecuadas y sin barreras que impiden innecesariamente el acceso”, sostuvo por su parte Liza Fuentes, experta en salud reproductiva e investigadora del Guttmacher Institute, organización estadounidense que promueve los derechos reproductivos.
Fuentes asimismo descartó que los abortos tiendan a resultar traumáticos para las mujeres, desechando así el planteamiento que se expone en el PS 950, mediante el cual las embarazadas se verían forzadas a esperar 48 horas para abortar a partir del momento en que le informan al médico su intención de someterse al procedimiento. En ese periodo, las clínicas u hospitales estarían en la obligación de ofrecerle a la mujer un ultrasonido del embarazo que identifique los signos vitales del feto.
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Los derechos alcanzados para la práctica del aborto en Puerto Rico aseguran que se practica en condiciones adecuadas y sin barreras que impiden innecesariamente el acceso”
LIZA FUENTES / EXPERTA EN SALUD REPRODUCTIVA