HAY BREAK CON LAS MULTAS DE AUTOEXPRESO
Cámara aprueba proyecto para impugnarlas bajo un nuevo proceso de revisión, aunque falta el cedazo del Senado
La Cámara de Representantes aprobó ayer, de manera unánime, el Proyecto 1723 que crea la “Ley de Reforma al Proceso de Notificación y Revisión de Multas del Sistema AutoExpreso” para tener garantías al impugnar las multas administrativas emitidas por la falta del pago de peajes.
La medida, de la autoría del representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Navarro, además de crear la nueva legislación dicta un procedimiento especial para la revisión de multas emitidas por AutoExpreso previo a la entrada en vigor de esta ley.
Los conductores tendrán un término de 60 días para solicitar la verificación de la multa.
“Es evidente que el sistema carece de las suficientes garantías que brinden confianza en su efectividad para identificar infracciones, procesar las mismas y brindar un proceso de revisión justo, eficiente y rápido a los conductores”, sostuvo Navarro al defender la medida en el pleno.
El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, reconoció la buena intención de la medida, aunque no está de acuerdo con ella porque “establece un procedimiento para avalar unas multas que son ilegales e inconstitucionales”.
El informe de la comisión cameral de Transportación e Infraestructura, que preside José González, destaca que el proyecto “propone reformar el proceso de solicitud de revisión de multas por parte de los conductores y dueños de vehículos y establecer un procedimiento especial para la revisión de las multas emitidas por AutoExpreso”.
De esta forma, los conductores perjudicados por estas multas podrán impugnarlas bajo el nuevo proceso de revisión.
Pide un proceso para uniformar
El presidente de la Comisión de Asuntos Laborables de la Cámara de Representantes, Angel Peña, solicitó ayer en una audiencia pública, a varios líderes sindicales que provean un modelo que consideren es el más adecuado para uniformar el proceso de afiliación y baja de sus representados en cumplimiento con la jurisprudencia federal.
La petición se dio durante la discusión del Proyecto de la Cámara 1671, del representante Jorge Navarro, que busca atemperar la Ley 45 de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público a la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
El alto foro judicial de EE.UU. resolvió en el caso Janus v. AFSCME, que los empleados públicos, que así deseen no pertenecer a ningún gremio sindical, no tengan que pagar una cuota sindical o ser forzados a pertenecer a un gremio.
“
Es evidente que el sistema carece de las suficientes garantías que brinden confianza en su efectividad para identificar infracciones, procesar las mismas y brindar un proceso de revisión justo”
JORGE NAVARRO REPRESENTANTE PNP