SECRETEO EN LA POLICÍA SOBRE CIERRE DE CUARTELES
Comisionado no reveló cuáles áreas se perjudicarán o las unidades que consolidará
El cierre y la consolidación de cuarteles del Negociado de la Policía ha generado un caos entre los alcaldes, personal de la agencia y los protectores de animales, tras la acción que entró en vigor el 1 de octubre por recomendaciones del estudio de necesidad Vision to Action (V2A) en cumplimiento con la Reforma Sostenible de la Policía que persigue aumentar su efectividad.
La empresa recomendó como prioridad en su informe, que fue hecho público en abril, la redistribución del personal.
El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera, se negó a revelar cuáles son las siete áreas que se perjudicarán por los cambios propuestos mediante el estudio de necesidad para el cierre de cuarteles en la Isla.
A pesar de que se trata de una información pública, Escalera Rivera, mantuvo en secreto la información solicitada.
En medio de esta entrevista, el comisionado estuvo custodiado y asesorado por la relacionista del Departamento de Seguridad Pública, Karitzia Ortiz; por la persona que sirve de enlace con La Fortaleza, Elliot Rivera; y el director de la Oficina de Prensa de la Policía, Axel Valencia.
El estribillo ensayado por Escalera Rivera, como contestación a la mayoría de las preguntas, fue que “nosotros tenemos unos planes y nos vamos a reunir con quien tenemos que reunirnos”.
Se le cuestionó sobre los cambios que no tienen fecha de comienzo, ni tampoco un plazo fijo para culminarlos.
“El estudio no es por el costo, es eficiencia en el servicio; maximizar los recursos de la Policía”, repitió reiteradamente al cuestionarle sobre los ahorros que tendría la agencia con la consolidación de los cuarteles, la cantidad de estaciones que serían cerradas y los agentes que serían trasladados. Tampoco ofreció otros detalles del plan, que se basa en el estudio que solo señala las áreas que tienen más personal y las que carecen de recursos. Pero negó que el proceso sea uno politizado.
Sobre las expresiones del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla (PPD), quien informó ayer que el cuartel de Hayales sería cerrado, implorando al Gobierno que no lo hiciera, aseguró que no ha sido clausurado, y se negó a revelar si estaba en planes de hacerlo.
El cierre del cuartel, que abrió en el 2002 para atender la seguridad de la zona montañosa -Coamo, Barranquitas, Aibonito y Orocovis-, perjudicaría la seguridad de cientos de personas y el patrullaje sería más costoso, aseguró García Padilla.
No más caballos
Todo el equipo de la Unidad Montada concentrado en el área de Bayamón y del cuartel de Cabo Rojo, pasará por el proceso de baja que establece la Administración de Servicios Generales (ASG), incluyendo los caballos que totalizan 31.
De los equinos, ocho fueron comprados con dinero del gobierno federal, que pertenecen al Departamento de Justicia, cuya titularidad se solicitará, y a dos se les practicará la eutanasia, cuyo costo no divulgó.
El mantenimiento de un equipo policial ronda los $10,000 anuales y la futura venta de ellos puede comenzar en $1 hasta alcanzar los $1,000, todo depende de las guías de ASG, aclaró Abimelec Pérez, director del Negociado del Servicio Administrativo.
Se estima que el ahorro al eliminar la Unidad Montada sería de $492,230.24, que incluye la renta de facilidades, utilidades, gastos de herrero, veterinario, alimento promedio y la compra del caballo, que puede rondar los $6,500.
En total, de la Unidad Montada se trasladarían 41 agentes.
Hace unas semanas, el precinto de la Rambla del área policial de Ponce fue cerrado y su plantilla fue trasladada al cuartel de la calle Villa, que ahora tiene 93 agentes.
En Cabo Rojo, se trasladarán 50 policías y cerrarán tres cuarteles.
La seguridad no es cuestión de economía, lo que estamos buscando aquí es que el personal administrativo esté en la calle para atender la prevención con mayor rapidez”
HENRY ESCALERA RIVERA
COMISIONADO DEL NEGOCIADO DE LA POLICÍA