ACUSARÁN SOLO AL JUEZ
Más de 15 cargos a Ramos, pero no a los demás que opinaron del caso electoral
La decisión de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) de procesar únicamente al entonces juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, por el escándalo del chat en WhatsApp fue impugnada por las minorías y otros sectores del País.
La presidenta del panel de exjueces del FEI, Nydia Cotto Vives, anunció que los fiscales Ramón Mendoza, Iris Meléndez y Guillermo Garau le radicarán a Ramos Sáenz más de 15 cargos graves el jueves primero de noviembre en el Centro Judicial de Aguadilla.
Esto porque a Ramos Sáenz se le imputa compartir en el chateo una decisión judicial sobre el voto encamado de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) de Moca, durante el evento electoral de 2016, con integrantes del equipo de campaña del entonces candidato a la gobernación, Ricardo Rosselló.
“Luego de evaluar toda la prueba y de tomar declaraciones juradas los fiscales no encontraron prueba alguna para sostener cargos criminales contra las demás personas mencionadas”, dijo ayer Cotto Vives.
Fue el senador popular Aníbal José Torres, quien denunció en febrero pasado, que el entonces juez mantuvo conversaciones sobre decisiones judiciales en dos chats de WhatsApp, llamados “Coffee Break” y “Estructura Gerencial”.
En mayo, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, refirió al FEI a Ramos Saénz, y también refirió a cinco altos funcionarios del Ejecutivo, a los que Rosselló les pidió las renuncias: estos incluían al secretario de la Gobernación, William Villafañe; la subsecretaria Itza García; excoordinadora del programa de gobierno de Rosselló y creadora
“
Tan ilícito es el acto del juez de compartir información como los que la validaron para que él resolviera a favor del PNP”
ADRIÁN GONZÁLEZ ACOSTA / SUBCOMISIONADO ELECTORAL DEL PIP
de los grupos en WhatsApp, la jefa de la Administración para el Sustento de Menores, Waleska Maldonado; la directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Gobernador, Yesenia Díaz; y el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo.
Vázquez también refirió al FEI un sobre sellado porque alegó que García interfirió con la pesquisa, pero Cotto Vives dijo que “los fiscales no encontraron ninguna prueba para concluir que hubo tal intromisión con la investigación”.
“Eso fue una interpretación de la secretaria, pero no se configura ningún delito”, sostuvo Cotto Vives.
Sin embargo, la secretaria de Justicia indicó en declaraciones escritas que la OPFEI nunca la entrevistó ni a la jefa de los fiscales, Olga Castellón, quien hizo este referido.
“Ambas estamos disponibles”, indicó Vázquez, quien esperará por los cargos que le someterán al ex juez para hacer expresiones sobre la decisión del FEI.
Al exjuez le someterían violaciones al Código Penal, al Código Electoral y a la Ley de Ética Gubernamental.
Para Torres, con la decisión de la OPFEI “prevalece la impunidad y claramente no sirve de disuasivo para evitar el mal uso de la autoridad, y estamos conformes con que logramos extirpar parte un cáncer. Será el pueblo de Puerto Rico a quien le corres ponderá hacer el último acto de justicia para acabar con el mal”.
“Se acusará solo al expresidente de la CEE. Es muy triste y lamentable esta situación”, reaccionó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz en las redes sociales.
Sobre las imputaciones de la secretaria de Justicia contra Itza García, el líder senatorial indicó que el FEI no dio credibilidad a Vázquez o su alegación no constituyó delito.
A su vez, el comisionado alterno del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costa, puso en duda que haya falta de pruebas contra los demás funcionarios referidos al FEI.
“Resulta ilógico que solo una de esas personas sea procesable. Por definición, un chat es una conversación y eran miembros activos del PNP induciendo a un juez en funciones a delinquir. Los actos del juez fueron delito, pero hubo otras personas en la conversación que fomentaron las acciones del juez que tenía un caso para decidir en la comisión local de Moca”, planteó.
“A mí lo que me choca es lo fácil que es radicar cargos a estudiantes en las protestas versus el radicar cargos a estas personas... que confabularon para alterar el resultado de una elección, andan por la libre comunidad sin que se le radique ni un solo cargo”, opinó.