DICE SÍ AL ACUERDO
Jueza Laura Taylor Swain da paso a renegociar la deuda de Cofina
La jueza Laura Taylor Swain, quien dirige los procesos de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA, ayer aprobó el texto de la declaración informativa de un acuerdo adoptado para el ajuste de la deuda de Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) por bonistas y la administración gubernamental, con el visto bueno la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
No obstante, dejó claro que eso no significa una aprobación del acuerdo en sí.
Cofina es el mecanismo que creó el gobierno estatal para obtener préstamos y repagarlos con el dinero recaudado a través del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
También ha sido la única fuente de recaudo confiable en medio de la crisis fiscal, y ha estado bajo la mira desde que comenzó todo el proceso de reestructuración fiscal bajo PROMESA, pues algunos cuestionan su legalidad.
Además, los bonistas de obligaciones generales del gobierno isleño consideraban que se les debía pagar a ellos primero, tal como establece la Constitución, antes de hacer cualquier pago a los bonistas de Cofina; esta controversia quedó a un lado ante la decisión de la jueza de dar paso a esta declaración informativa.
En términos generales, el acuerdo para ajustar la deuda de Cofina, que supondría un ahorro de $17,000 millones para Puerto Rico, permite repartir los recaudos del IVU entre los bonistas y el Gobierno, aunque compromete a la Isla continuar pagando IVU por los próximos 40 años.
Los detalles del acuerdo estarían disponibles en la declaración informativa, un documento de más de 600 páginas disponible en internet, que contiene una sección de preguntas y respuestas que facilitaría alegadamente al público su comprensión.
En la audiencia judicial de ayer, la jueza de quiebras determinó que, tras evaluar la declaración informativa, las mociones, objeciones y los argumentos presentados ante ella, entiende que las partes involucradas sometieron la suficiente información para que los bonistas puedan decidir si están de acuerdo con el plan para dividir las ganancias de Cofina.
No obstante, la vista no estuvo exenta de controversias .
Por un lado, se admitió que la declaración informativa contiene un error en la proyección de pensiones que hizo el Gobierno, que deberá subsanarse y reflejarse en el plan de ajuste de la deuda de Cofina.
Además, se cuestionó por qué se le estaba pagando a $332 millones a un grupo por “participar” en las negociaciones, incluyendo $135 millones en honorarios de abogados.
La jueza dijo que quería que se estableciera con claridad la justificación para ese pago.
La objeción más apasionada llegó de parte de un bonista junior o subordinado, quien condenó la forma en que se repartiría el “botín” de Cofina, favoreciendo a su juicio
desproporcionadamente a los bonistas seniors, mientras que se atropellaba a los juniors, la mayoría de los cuales son de Puerto Rico.
Lawrence Dvores reclamó que a los bonistas juniors se les había dejado fuera de la negociación, que otorga 95% de vuelta a los bonistas seniors, mientras que deja con solo 54% a los juniors.
“Eso es increíblemente injusto para los bonistas juniors. Han logrado un acuerdo muy beneficioso para ellos (los seniors,) pero dejan bastante mal parados a los juniors”, dijo Dvores, argumentando que la mayoría de ellos, entre los que hay pensionados y amas de casa, carecen del dinero para pagar el precio alto de una representación legal en las negociaciones que se hicieron.
Se espera que en los próximos días los bonistas de Cofina voten sobre el plan.
Al cierre de la vista y tras aprobar la declaración informativa, la jueza precisó que esta audiencia no se trataba de una confirmación del acuerdo y que esa decisión se haría enotro proceso el próximo 16 de enero, en San Juan.
Además, la jueza indicó que, si bien algunas objeciones se eliminaron tras los argumentos orales ayer, las objeciones de los bonistas juniors se mantenían activas.