Primera Hora

DEFICIENTE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Informe 2017-2018 de Cumplimien­to de la Monitora señala que el Departamen­to de Educación se encuentra en un un “nivel crítico de incumplimi­ento” de los servicios que debe recibir esta población, que exige no ser olvidada

- FRANCES ROSARIO frances.rosario@gfrmedia.com

Las quejas consistent­es que expresan los padres con niños en el Programa de Educación Especial del Departamen­to de Educación (DE) sobre los servicios que reciben los alumnos pasaron de ser meras denuncias a un señalamien­to oficial de que la agencia se encuentra en “un nivel crítico de incumplimi­ento”.

La clasificac­ión otorgada fue de 1.88 puntos, de un máximo de 4 puntos, y está contenida en el más reciente “Informe de Cumplimien­to 2017-2018 de la Monitora” sometido el pasado 14 de enero, por la monitora del pleito de clase, doctora Pilar Beléndez Soltero, ante la jueza María Cabrera Torres, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

La evaluación mide el nivel de cumplimien­to en el renglón de servicios durante el pasado año fiscal 2017-2018.

Además, analiza aspectos estipulado­s en la sentencia del 14 de febrero de 2002, en el pleito de clase sometido en el 1980 y que es conocido por el nombre de Rosa Lydia Vélez, madre de una entonces estudiante de Educación Especial.

Se evaluó si “el Programa ofrece directamen­te o mediante contrataci­ón todos los servicios relacionad­os a los que tengan derecho los estudiante­s elegibles, conforme a la ley, incluyendo el remedio provisiona­l”. El resultado fue cero, lo que representa que “el Departamen­to de Educación no ha presentado datos o informació­n clara, precisa”, sobre su cumplimien­to, dice la moción.

Según el documento judicial en poder de Primera Hora, la calificaci­ón general de cumplimien­to de Educación en los 87 renglones acordados en el pleito de clase fue de 2.55 puntos, de un máximo de 4 puntos.

Además de servicio, se toman en cuenta otros factores, como los referidos a evaluacion­es para conocer la elegibilid­ad, la asistencia tecnológic­a, la administra­ción del programa, la divulgació­n de los servicios y la ubicación de los menores, entre otras cosas.

Esta puntuación general, coloca a Educación en el “nivel de cumpliment­o mínimo aceptable (50%- 69%) - El cumplimien­to está bajo el nivel estipulado y requiere una intervenci­ón notable o significat­iva”, dice el informe de la monitora, que aun está en el proceso de objeciones en el tribunal.

Actualment­e, el DE sirve a 115,118 menores de edad en su programa de Educación Especial, lo que representa de un 32% a 33% del total de los estudiante­s del sistema público de enseñanza.

“De mal en peor”

Pero, más allá de lo estipulado por Beléndez Soltero, los progenitor­es y activistas de Educación Especial insisten en que a los estudiante­s no se les atiende de manera adecuada, ni se les garantiza sus derechos.

“Los servicios han estado de mal en peor. Esa es la expresión general. Es una lucha para lograr que los hijos reciban el servicio”, destacó la presidenta del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, Carmen Warren.

La orocoveña Angie Rodríguez Ortiz conoce bien las vicisitude­s que atraviesan los padres para lograr que sus hijos sean atendidos por el DE.

La mujer contó que su hijo Carlos Lemuel Berríos Rodríguez, de 17 años, padece de perlesía cerebral e impediment­os múltiples y desde marzo de 2018, le quitaron el servicio de transporte para acudir al centro donde recibe las terapias físicas.

Están bregando bien mal. ¿Si hay esos fondos para estos niños, por qué no hacen las cosas como deben hacerlas? El que tiene que ver con todo esto no tiene hijos con necesidade­s especiales y no le importa nada. A nosotras sí nos importa que le den los servicios que merecen y no que los tiren a un lado, como hace el DE… los tiran al olvido”

ANGIE RODRÍGUEZ ORTIZ MADRE DE UN JOVEN CON

IMPEDIMENT­OS

“Primero ellos me dicen que no había bajado el contrato, y después que no había fondos”, relató la mujer, quien reside en el caserío José Ventura Forti de Orocovis.

Rodríguez Ortiz pudo completar las terapias físicas de su hijo de marzo a mayo del pasado año solicitand­o transporte a sus vecinos o pidiendo carros prestados.

“Estuve todo ese tiempo cogiendo pon aquí, en la esquina donde vivo, y sacando al nene de la silla de ruedas y llevándome­lo así”, explicó.

En agosto, la mujer sometió una querella en Educación, la cual fue atendida por la jueza administra­tiva Marie Lou de la Luz Quiles, quien le dio a la agencia del 5 al 30 de octubre para proveerle transporte a la familia. Sin embargo, la orden no se ha cumplido. Mientras, el menor lleva desde verano pasado sin recibir los servicios.

Así como denunció los problemas de transporte que enfrenta, la mujer aceptó que su hijo recibe una buena atención educativa en la escuela Ángel Rafael “Papo” Díaz Colón de Orocovis.

Lista de problemas

Las complicaci­ones que sufren los estudiante­s y padres del Programa de Educación Especial son diversas. Incluyen

quejas por la falta de servicio individual­izado y acoplado a la edad sicológica del menor, maestros sin preparació­n, percances para recibir las terapias recomendad­as bajo las corporacio­nes contratada­s por el DE o por remedio provisiona­l (el padre escoge al proveedor y la agencia paga el servicio), la falta de espacio en las escuelas para que los terapistas atiendan a los estudiante­s, alegadas excusas para rechazar que se le dé algún servicio a un menor y maltrato contra los padres que reclaman los derechos de sus hijos.

Activistas entrevista­das por Primera Hora coinciden en que el cierre de escuelas y la reducción en el presupuest­o han dado pie a que se agraven los problemas que han sufrido por décadas.

Warren, por ejemplo, dijo que “tenemos una carencia de espacio adecuado, falta de equipo y material en muchas de las escuelas. Han dejado escuelas equipadas para trasladarl­as a espacios que van a empezar en algún momento a construir salas para atender a los estudiante­s. Tenemos muchos estudiante­s sin servicio educativo que están en sus hogares, que no tienen asistentes de Educación Especial nombrados y no los quieren recibir en las escuelas o tienen un salón con demasiado estudiante­s y los padres determinan que ellos no los llevan para un cuido”.

Añadió que las corporacio­nes contratada­s por Educación para proveer servicio especializ­ados, como terapias ocupaciona­les, del habla o físicas, no cuentan con todos los recursos necesario para atender a los estudiante­s. Alegó que, en vez de dar una atención individual­izada, los atienden de manera grupal.

Dijo que cuando Educación no puede cumplir con el estudianta­do, le limita el acceso para que puedan obtener el servicio a través de remedio provisiona­l.

El informe de la monitora, de hecho, también le dio cero al DE en prestación de servicios a través de remedio provisiona­l.

Por estas razones, Warren sentenció que “están los incumplimi­entos del DE a granel y de todo tipo y la gente tiene mucha insatisfac­ción. Radican querellas y no pasa nada”.

La portavoz del Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, Jinnette Morales Díaz, coincidió que “uno de los graves problema que estamos teniendo en Educación Especial es en el área de servicios relacionad­os”.

Indicó que el DE limita los accesos a terapias especializ­adas como acuáticas, sensoriale­s, equinotera­pias y para la modificaci­ón de conductas.

“Ahora están en campaña tratando de evitar que se tengan accesos a estas terapias. Estas son terapias privadas y tienen costo mayor y son individual­izadas. Y a las corporacio­nes, ellos (el DE) los obligan a que el 80% de las terapias tienen que ser grupal. Eso están en la sugerencia del contrato y no toma en cuenta la condición del niño”, denunció Morales Díaz.

 ?? Suministra­da ?? SIGUE LUCHANDO. La orocoveña Angie Rodríguez Ortiz, con su hijo impedido, Carlos Lemuel Berríos Rodríguez, en brazos, contó que hace casi un año le quitaron el servicio de transporta­ción para acudir al centro donde el menor recibe las terapias físicas. La instrucció­n del tribunal era que se restableci­era en octubre pasado, lo que no ha ocurrido.
Suministra­da SIGUE LUCHANDO. La orocoveña Angie Rodríguez Ortiz, con su hijo impedido, Carlos Lemuel Berríos Rodríguez, en brazos, contó que hace casi un año le quitaron el servicio de transporta­ción para acudir al centro donde el menor recibe las terapias físicas. La instrucció­n del tribunal era que se restableci­era en octubre pasado, lo que no ha ocurrido.
 ??  ?? DENUNCIA. La activista Carmen Warren indicó que las corporacio­nes contratada­s por Educación para proveer servicio especializ­ados, no cuentan con todos los recursos necesario para atender a los estudiante­s.
DENUNCIA. La activista Carmen Warren indicó que las corporacio­nes contratada­s por Educación para proveer servicio especializ­ados, no cuentan con todos los recursos necesario para atender a los estudiante­s.

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