PIDEN DETENTE A ESCUELAS CHARTER
Madres, padres y maestros denuncian que privatización de planteles atenta contra servicios al estudiantado de Educación Especial
Integrantes del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial denunciaron que la transición a escuelas charter que promueve el Gobierno impacta negativamente el desarrollo de los miles de estudiantes que reciben los servicios de educación especial, en momentos en que estos programas incumplen con las disposiciones del tribunal en el pleito de clase de Rosa Lydia Vélez.
La presidenta del Comité Timón, Carmen Warren, dijo que en la escuela elemental Rafael Colón Salgado en Bayamón, se está “impidiendo” que estudiantes de educación especial completen su proceso de matrícula, lo que alegó es consecuencia de los intentos del Departamento de Educación de convertir el plantel en una institución charter.
En ese sentido, sostuvo Warren, la privatización de escuelas amparada en la Ley 85 de Reforma Educativa es un proceso equivalente a lo que fue el cierre de cientos de escuelas el verano pasado, pues las entidades que pasen a administrar los planteles charter “no van a atender a la población que actualmente está ubicada allí”.
Migdalia Santiago, maestra de la escuela Juan Ponce de León en Río Piedras, comentó que pese a que la Ley 85 dispone que las comunidades escolares deben ser consultadas antes de iniciarse cualquier proceso de transición al modelo charter, en la práctica eso no está ocurriendo.
“Resulta que la universidad John Dewey quiere privatizar nuestra escuela y otra escuela superior que está en la misma avenida (Barbosa), la Miguel Such, que es especializada porque trabaja con talleres vocacionales. A diferencia de lo que dice la ley, en su artículo 13, de que no se pueden aceptar solicitudes si no se ha aus- cultado el sentir de la comunidad escolar, en el caso nuestro no ha habido ningún tipo de evaluación, acompañamiento o reuniones con la comunidad escolar”, destacó la maestra de educación especial, al detallar que en la Ponce de León cuentan con “cerca de 50” estudiantes con autismo.
“Lo que se nos está planteando es que los van a sacar de nuestra escuela (aunque) no sabemos a dónde (los trasladarían) ni cómo va a ser ese proceso. Quien conoce un poco de educación especial y de nuestros niños con autismo sabe que el retroceso en su proceso es casi inminente si usted lo mueve del lugar donde están y han creado una rutina. Por la experiencia de Estados Unidos sabemos que lo más probable es que (las entidades que administrarían planteles charter) hagan una selección de estudiantes”,
“Quien conoce un poco de Educación Especial y de nuestros niños con autismo sabe que el retroceso en su proceso es casi inminente si usted lo mueve del lugar donde están y han creado una rutina” MIGDALIA SANTIAGO / MAESTRA
añadió Santiago en una conferencia de prensa ayer frente a la sede del Departamento de Educación en Hato Rey.
Insatisfechos con informe
Aunque el informe más reciente de la monitora Pilar Beléndez Soltero reconoce deficiencias en el manejo por parte del Departamento de Educación sobre su programa de educación especial, al otor- garle una calificación general de 2.55 de un máximo de 4 puntos, Jinnette Morales, del Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, expresó reparos con la metodología utilizada, al fundamentarse principalmente en la información provista por la propia agencia.
En esa línea, Morales opinó que la monitora de cumplimiento debería contrastar los datos ofrecidos por Educación con testimonios de padres y madres con hijos en el programa de educación especial.
En el informe de Beléndez Soltero, la agencia obtuvo 1.88 puntos en el renglón concerniente a los servicios que se prestan a los estudiantes de educación especial.
“Debe ser un monitoreo más personal, que vaya a las escuelas, que verifique la información Porque con los datos que da el propio departamento históricamente se han visto (irregularidades)”, puntualizó Morales, quien agregó que las multas por incumplimiento que impone el tribunal no han servido como “disuasivo”, y que para cambiar esa realidad se requiere “consecuencias” directas para los funcionarios a cargo de los servicios.
Actualmente, el Departamento de Educación paga una multa anual de $1,825,000 ante los incumplimientos en el ofrecimiento de servicios adecuados a su población de educación especial.
Las activistas pro educación especial también denunciaron que a lo largo de este semestre el Departamento de Educación ha programado una serie de talleres de capacitación a maestros que interfiere con el horario escolar regular sin que se haya dispuesto de periodos para recuperar los servicios perdidos.