ARRESTADOS POR FRAUDE AL SEGURO SOCIAL Y MEDICARE
De ser encontrados culpables, los ocho acusados se exponen a penas que van desde 10 a 30 años de prisión
“Es un caso extraordinario, donde atacamos diferentes formas de fraude, y damos un ejemplo de que eso no va a ser tolerado”
ROSA EMILIA RODRÍGUEZ VÉLEZ JEFA DE LA FISCALÍA FEDERAL
La fiscalía federal anunció los arrestos de ocho personas por cargos de fraude a la Administración del Seguro Social y al Medicare, con diversas modalidades como mentir para recibir beneficios, recibir beneficios a nombre de otros, y mentir para recibir beneficios con relación a un desastre natural de gran magnitud (en este caso, el huracán María).
Uno de los casos, además, involucra la explotación financiera de una persona envejeciente.
Según explicó la jefa de la fiscalía federal en la Isla, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, se calcula que estos fraudes ascendieron a alrededor de $1.2 millones.
Además de las acusaciones de fraude, también hay cargos por distribución de sustancias controladas, así como por engañar a personas vendiendo productos que alegaban curar enfermedades crónicas, como cáncer y diabetes.
De hecho, la investigación de estos casos comenzó en el 2013, precisamente con una pesquisa relacionada al tráfico de sustancias controladas.
Los imputados en estos fraudes son Brunilda Rodríguez Reyes, Gerardo O. Navedo Rodríguez, Lalín Mercado Vargas, Ramón A. Julbe Rosa, Ena I. Octaviani Santana, Carlos del Valle Figueroa, Johana Torres Figueroa y David Arocho Castro.
Dos de los ocho acusados fueron apresados en el estado de Florida, cuatro se entregaron a la fiscalía federal aquí en la Isla, y los otros dos fueron arrestados en Puerto Rico.
Según explicó la fiscal Rodríguez Vélez, tres de los acusados, Rodríguez Reyes y su hijo Navedo Rodríguez, así como Mercado Vargas, enfrentan cargos por robo de propiedad del gobierno, falsos testimonios al declarar discapacidad, y ocultar al Seguro Social su capacidad para trabajar.
Mientras, Arocho Castro recibió ilegalmente dinero del Seguro Social, al no notificar a dicha agencia que su madre había fallecido.
Del Valle Figueroa recibió dinero de manera ilegal, al continuar trabajando mientras recibía fondos del Seguro Social por incapacidad. También fue acusado de posesión con intención de distribuir oxicodona (Percocet).
Julbe Rosa enfrenta 17 cargos por robo de propiedad del gobierno, falso testimonio al declarar discapacidad y ocultar al Seguro Social su capacidad para trabajar. Además, enfrenta cargos por fraude al Departamento de Asuntos del Veterano al recibir ilegalmente los beneficios de desempleo de un envejeciente.
Julbe Rosa y su esposa Octaviani Santa enfrentan cargos por introducir al comercio interestatal drogas no aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, y que promocionaba y vendía a través de páginas de internet y redes sociales como remedios para la cura de enfermedades crónicas, como cáncer, diabetes, lupus y artritis reumatoide.
Julbe Rosa está acusado, además, de un cargo de fraude relacionado a un desastre natural o beneficios de emergencia (el huracán María) al indicar falsamente a FEMA y la Administración de Pequeños Negocios que su residencia principal en Morovis había sido destruida, cuando en realidad esa no era su residencia principal.
Torres Figueroa fue acusada de falsos testimonios al Seguro Social, robo de identidad y fraude en conexión con un desastre natural o beneficios de emergencia (el huracán María) al solicitar fraudulentamente beneficios de FEMA que eran para la víctima envejeciente M.G.O., usando su identificación y alegando que era su cuidadora. La fiscal indicó que este es uno de los primeros casos de explotación financiera de envejecientes.
De ser hallados culpables, los acusados enfrentan posibles penas de hasta 10 años de prisión por el fraude al Seguro Social, hasta 10 años de prisión por el fraude al Medicare, y hasta 30 años de prisión por el fraude relacionado a un desastre natural de gran magnitud.