Primera Hora

CONTINÚA EL JUEGO DE LA SILLITA

Abogado constituci­onalista asegura que la decisión de quién se quedará en La Fortaleza todavía está en manos del saliente gobernador Ricardo Rosselló

- JOSÉ KARLO PAGÁN josekarlo.pagan@gfrmedia.com

A horas de que entre en vigor la renuncia de Ricardo Rosselló como gobernador, se desconoce con certeza quién lo sucederá: si la secretaria del Departamen­to de Justicia, Wanda Vázquez, o el designado secretario del Departamen­to de Estado, Pedro Pierluisi.

Para Efrén Rivera Ramos, abogado constituci­onalista y catedrátic­o de la Escuela de Derecho de la Universida­d de Puerto Rico, la decisión sobre quién asumirá el cargo y juramentar­á como el próximo gobernador o gobernador­a recae sobre el Ejecutivo, quien es representa­do, hasta hoy a las 5:00 p.m., por Rosselló Nevares.

“La renuncia del gobernador se hará efectiva y, entonces, habrá que ver la posición que asuma el Ejecutivo sobre esto, si es considerad­a la secretaria de Justicia como la gobernador­a –a la luz de la Ley 7 (de 1952)– o considera al secretario de Estado designado como una especie de secretario interino que asume la gobernació­n. Eso no se ha aclarado de parte del Ejecutivo, cuál es su posición”, sostuvo el experto al ser consultado por Primera Hora.

La Constituci­ón establece que en caso de “muerte, renuncia, destitució­n, incapacida­d total y permanente, o por cualquier otra falta absoluta” del gobernador quien lo sustituirá será el secretario de Estado.

Pierluisi juramentó el miércoles al puesto, pero lo hizo como designado del gobernador –y no interino– ya que la Legislatur­a estaba en receso.

Es por esto que algunos legislador­es aseguran que no existe un secretario de Estado, pues no ha sido ratificado –como dicta la Constituci­ón– por la Cámara de Representa­ntes y el Senado, y se debería activar la Ley 7 de 1952 que establece la línea de sucesión.

En este caso, ellos entienden que sería Vázquez, quien juramentar­ía como gobernador­a ya que establece que, si hay vacantes en la gobernació­n y en la Secretaría de Estado, le correspond­e a la secretaria del

Departamen­to de Justicia.

Sin embargo, esta medida fue enmendada en 2005 y se le añadió una frase conflictiv­a: “Para advenir al ejercicio permanente del cargo de Gobernador, un Secretario o Secretaria

debe ocupar su puesto en propiedad, habiendo sido ratificado su nombramien­to; excepto en el caso del Secretario(a) de Estado, salvo lo dispuesto en el Artículo IV Sección 9 de la Constituci­ón del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Si se interpreta­ra literalmen­te la ley, volvería a jurar Pierluisi, pero como el próximo gobernador.

Sin embargo, para el también abogado constituci­onalista Carlos E. Ramos, hacer una interpreta­ción solo de esa oración es “endeble”. Además, le aseguró el martes a este medio que sería “ilegal e inconstitu­cional” que un secretario de Estado se convierta en gobernador de Puerto Rico sin haber pasado por los cedazos de las cámaras legislativ­as.

Por lo tanto, ambos licenciado­s entienden que la interpreta­ción de la Ley 7 terminará en los tribunales, si alguien lleva el caso. “Esa decisión se puede cuestionar por alguien que tenga legitimaci­ón activa, alguien que se vea afectado directamen­te. Yo pienso que debe ser la Legislatur­a, porque sería una intervenci­ón con sus poderes constituci­onales”, indicó Rivera Ramos.

Esto no impide que hoy se haga valer la ley –según algunas interpreta­ciones e independie­ntemente si es inconstitu­cional o no– y que Pierluisi comience su mandato.

Por otro lado, la Legislatur­a proyecta nuevos escenarios posibles ya que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representa­ntes realizará hoy una vista de confirmaci­ón a las 9:00 a.m. y discutirá el informe a la 1:00 p.m.

“De prima facie, él (Pierluisi) asumiría el cargo de gobernador. Solamente no lo podría asumir si una de las cámaras rechaza el nombramien­to antes de las 5:00 de la tarde mañana”, dijo ayer Méndez.

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Archivo Con la renuncia efectiva esta tarde de Ricardo Rosselló, hay varias interpreta­ciones de la Constituci­ón para conocer a quién le correspond­erá dirigir el País.

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