A declararse culpable por fraude en Senado
El exlíder de la Juventud del Partido Nuevo Progresista (PNP) y excontratista de la Asamblea Legislativa, Isoel Sánchez Santiago, y su pareja Chrystal Robles Báez, se declararán culpables de delitos relacionados a corrupción vinculados al contrato que su compañía Global Instant Consulting Group tenía con el Senado, según le informaron sus abogados al juez federal Francisco Besosa.
La información publicada por El Nuevo Día se desprende del expediente digital del caso que muestra que hubo una vista privada sobre los procedimientos en la que los abogados de defensa Jason González y Melanie Carrillo informaron al juez sobre el acuerdo llegado con la fiscalía federal representada por el fiscal Timothy Henwood.
El jueves, 8 de agosto se celebrará una vista a las 9:00 a.m. en el Tribunal Federal sobre el cambio de alegación, que originalmente fue de no culpabilidad. Hasta ahora, el exdirector de la Oficina de asuntos Gubernamentales del Senado y expresidente de la Legislatura Municipal de Bayamón, Ángel Figueroa Cruz, mantiene su alegación de no culpable y enfrentará juicio.
Los tres acusados fueron arrestados el pasado 30 de mayo por imputaciones de conspirar para que la empresa Global Instant Consultingn Group, presuntamente, facturara al Senado por servicios no realizados.
Las acusaciones están asociadas a la investigación sobre los contratos fantasmas en el Capitolio que se comenzó a destapar el año pasado y que provocaron la renuncia del entonces representante del distrito de Humacao, Samuel Pagán.
El 1 de enero de 2017, Robles Báez y Sánchez Santiago registraron, respectivamente, las empresas Global e International Legislative and Government Consulting Group.
Global obtuvo dos contratos con el Senado para dar servicios a la Oficina de Asuntos Gubernamentales, que está adscrita a la presidencia del Senado. La firma facturaba hasta $3,500 al mes.
Mientras que International mantuvo acuerdos con la Cámara de Representantes, para ofrecer servicios en la oficina del exrepresentante Pagán. La facturación podía alcanzar hasta $15,000 mensuales.
Aunque las denuncias de presuntas irregularidades surgieron por un exempleado de Pagán, los cargos presentados por la fiscalía federal están relacionados a los servicios prestados en la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, donde también laboraba la esposa del exlegislador.