CONDENADALA REHABILITACIÓN Re corte presupuestario en Corrección pone en riesgo a presos que están próximos a salir ala libre comunidad
Recortes en Corrección impedirían acceso de reos a programas de recuperación y reinserción social
El derecho humano y mandato constitucional que tienen los confinados para que el gobierno les ayude en su proceso de recuperación y reinserción social parece ser la soga finita que está a punto de reventar en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a causa del drástico recorte presupuestario que enfrenta la agencia y que está sumando a su estrepitosa crisis tras una merma de más de $400,000 en fondos para los limitados programas de libertad condicional.
La complejidad del camino para lograr la transformación de los reos y su reintegración a la sociedad se nutre de diferentes alternativas que incluyen los programas de libertad a prueba y los programas de desvío y comunitarios.
Precisamente, estas iniciativas son las que están en riesgo, aun cuando son centros de tratamiento y alternativas al encarcelamiento que se establecen para que las personas convictas, capacitadas para retornar a la comunidad, cumplan parte de su sentencia fuera de la institución carcelaria. Los costos aproximados por un confinado que recibe el servicio de libertad condicionada en un hogar es de entre $7,000 a $10,000 al año, en contraste con un reo en una institución penal cuyo costo anual sobrepasa los $40,000.
En cambio, menos de un 2% del presupuesto de la agencia está destinado a iniciativas de rehabilitación, según datos provistos en 2017 a este diario por el exsecretario de la agencia, Erik Rolón.
Para entonces Rolón adjudicó la bajísima inversión de la agencia a programas que deberían ser prioridad institucional a la maltrecha finanza de la agencia. De hecho, la Junta de Supervisión Fiscal (FSF) aprobó este año fiscal un presupuesto de $380.9 millones para el DCR. Esto representa $18.9 millones menos que la pasada asignación.
Los programas de libertad condicional incluyen los hogares de desarrollo integral, los cuales brindan servicios a confinados adictos que propenden la rehabilitación; los centros educativos y de rehabilitación cristiana, que también ofrecen tratamientos contra la adicción y el alcoholismo pero con una base religiosa; y los hogares de adaptación social, los cuales albergan a reclusos de custodia mínima y los preparan para su excarcelación permitiéndoles, incluso, trabajar en la comunidad durante los últimos meses de su confinamiento.
Actualmente, hay cinco hogares de estas categorías que mantienen contratos con el DCR para cumplir con los fines antes mencionados: Hogares CREA, Teen Challenge, Hogar Nueva Vida, Hogar Nuevo Pacto y Upens.
Según informes entregados a Primera Hora por el DCR, el pasado año fiscal la asignación presupuestaria a estos programas de rehabilitación fue de $3,584,743. En cambio, para el año fiscal 2019-2020 la cifra se redujo a $3,175,836 para una diferencia de $408,907 menos destinados a unas vías de rehabilitación que en los últimos 20 años habían sufrido drásticas bajas en presupuesto. Según un informe de auditoría de la agencia publicado en 2001, para esa fecha la agencia pagaba por los servicios comunitarios $13.8 millones. Curiosamente, los hogares participantes eran los mismos que los actuales.
“Aunque la reducción en el presupuesto representa un reto enorme para el DCR, estamos trabajando para identificar alternativas que cumplan con las disposiciones de los tribunales y de los reglamentos internos del DCR y que no afecten la participación de los confinados en estos programas”, expuso en declaraciones escritas Alex Joel Torres,