UN PROBLEMA DE “MALA ADMINISTRACIÓN”
Organizaciones en favor de los confinados condenan inacción del Gobierno
El mandato constitucional de rehabilitación está contenido en el artículo VI sección 19 de la Constitución de Puerto Rico. En específico, dicha disposición preceptúa como política pública “reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”.
Sin embargo, para Madeline Gotay, portavoz de la organización Pro Derechos del Confinado, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) ha hecho fracasar por años ese mandato de rehabilitación moral y social.
“El derecho constitucional a esa rehabilitación está supuesto a activarse tan pronto una persona es sentenciada penalmente. A partir de ese instante, de ese primer día en el que lo condenan, el Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene la responsabilidad de iniciar un plan institucional e individual para cada persona que ingresa a la cárcel”, sostuvo Gotay sobre el procedimiento que está contemplado en el Plan de Reorganización que hizo el DCR en 2011 y que pareciera estar en el limbo.
“La persona comete delito y se le impone una pena, eso es cierto, pero constitucionalmente hay que rehabilitarlo y por eso es el segundo apellido de la agencia: ¡rehabilitación!”, reiteró al advertir que al no cumplirse con este plan aumentan las probabilidades
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La persona comete delito y se le impone una pena... pero constitucionalmente hay que rehabilitarlo y por eso es el segundo apellido de la agencia: ¡rehabilitación!”
MADELINE GOTAY PORTAVOZ DE LA ORGANIZACIÓN PRO DERECHOS DEL CONFINADO
de reincidencia entre la población correccional lo que a final de cuentas “representa más gastos para el gobierno”.
Por su parte, la trabajadora social Milagros Rivera Watterson, portavoz del Comité Amigos y Familiares de Confinados, dijo que los problemas presupuestarios en el DCR se veían venir “y no se hizo nada”.
“Aquí ha habido un problema de mala administración por años que ha seguido arrastrándose… ahora estamos en un estado de emergencia en el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) tendrá que actuar porque no puede seguir permitiéndose esta crisis en las instituciones. Ha sido una cosa tras otra. Es tapar un roto para destapar otro y eso no puede ser”, expresó.
El exsenador Héctor Martínez -quien ha propuesto insistentemente un reenfoque en los procesos de reinserción social de los reos- reconoció que hay diversos mecanismos para impulsar la rehabilitación y entre ellas se incluyen las reclasificaciones de custodia, las bonificaciones por buena conducta, estudio y trabajo, los programas de desvío y la libertad bajo palabra.