Primera Hora

EX VICEALCALD­ESA: “ERA UNA QUERELLA INVEROSÍMI­L”

Testigo indica que abogada que demandó a Guaynabo presentó el recurso legal tras saber que su trabajo era “deficiente”

- FRANCES ROSARIO frances.rosario@gfrmedia.com

El complicado panorama laboral que atravesaba la exabogada del municipio de Guaynabo, Inés María Jelú Iravedra, tras haberse catalogado su trabajo como “deficiente” en medio del proceso de su querella de hostigamie­nto sexual contra el hijo del exalcalde Héctor O’Neill, fue punto central ayer durante el octavo día del juicio civil que se realiza en el Tribunal federal de Distrito, en Hato Rey, contra el ayuntamien­to.

También se destacó que Jelú Iravedra sostuvo una presunta relación sentimenta­l con el exdirector de Recursos Humanos, Eduardo Faria, y que la entonces vicealcald­esa, Aureliz Lozada Centeno, le llamó la atención al funcionari­o por sus visitas a la oficina de la demandante.

Este panorama se planteó ya en las postrimerí­as del juicio civil, el cual podría acabar mañana cuando el jurado se retiraría a deliberar si Jelú Iravedra debe ser recompensa­ba con los $3.3 millones que solicita. Esto, por los alegados daños sufridos ante el presunto patrón de hostigamie­nto sexual que atravesó entre los veranos del 2012 al 2015 por parte de Héctor “El Cano” O’Neill Rosa y la supuesta inacción del ayuntamien­to para atender la situación.

Durante el testimonio de la ex vicealcald­esa, trascendió que Jelú Iravedra “en ningún momento” le manifestó alguna preocupaci­ón o que era hostigada sexualment­e por nadie en su lugar de trabajo.

Lozada Centeno también indicó que le sorprendió que la abogada le enviara un sobre manila blanco con la querella formal sobre hostigamie­nto sexual el 13 de julio de 2015. Según se ha estipulado en el juicio, esto ocurrió el próximo día laborable de que su entonces jefa de la División Legal en el municipio, la exfiscal Ana Quintero, le enviara un correo electrónic­o pidiendo unos informes que no había entregado y tras sostener una reunión sobre su desempeño como abogada.

La ex vicealcald­esa relató que procedió rápidament­e a referir el caso al actual senador Miguel Romero para investigar­lo. Dijo que tomó esta decisión, pues Faria mantenía una relación sentimenta­l con la perjudicad­a y la exesposa del supuesto acosador sexual, Sandra Ramos, era la subdirecto­ra de Recursos Humanos.

Comentó que le quitó a O’Neill Rosa la tarjeta de acceso que tenía al municipio y se reunió con Quintero y Jelú Iravedra para “explicarle las medidas (que se habían tomado), darle a ella tranquilid­ad más allá de lo escrito”.

“Se le estableció a la demandante en este caso (Jelú Iravedra),

que el municipio había tomado conocimien­to, que había tomado acción. Se le preguntó si recibió la carta (en la que se asignaba a Romero como el investigad­or), le explicamos las medidas a tomarse en la División Legal con empleados de la División Legal y el municipio”, añadió Lozada Centeno.

La también abogada dijo que se sorprendió cuando días después recibió copia de una querella que Jelú Iravedra hizo ante la Comisión federal para la Igualdad de Oportunida­des para el Empleo.

“Era una querella inverosími­l.

Las palabras que ella decía, eran palabras ofensivas”, sentenció.

Posterior a la etapa de las querellas, Lozada Centeno reveló que no supo nada más sobre Jelú Iravedra hasta que Quintero le envía el 15 de diciembre de 2015, una carta para exponerle que no completó el periodo probatorio satisfacto­riamente, por lo que no se le debía otorgar la permanenci­a. Se había clasificad­o su labor como “deficiente”.

La exfunciona­ria planteó que, como ese mismo día se debía tomar una determinac­ión y ante la situación de hostigamie­nto

que ocurría, se entendía que por reglamento se podía conceder una extensión del periodo probatorio por seis meses adicionale­s al año que ya había cumplido, entre diciembre de 2014 al 2015. También se decidió que la víctima pasaría a trabajar bajo su supervisió­n, al igual que otros abogados que atendían asuntos de contratos municipale­s.

Esta determinac­ión fue considerad­a por Jelú Iravedra como “discrimina­toria, arbitraria y caprichosa”, según una carta que se admitió como evidencia y que fue enviada a principio de 2016.

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La entonces vicealcald­esa, Aureliz Lozada Centeno, explicó que al saber de la demanda le quitó a O’Neill Rosa (en la foto) la tarjeta de acceso al municipio. juan.martinez@gfrmedia.com
ASEGURA QUE TOMÓ ACCIÓN La entonces vicealcald­esa, Aureliz Lozada Centeno, explicó que al saber de la demanda le quitó a O’Neill Rosa (en la foto) la tarjeta de acceso al municipio. juan.martinez@gfrmedia.com

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