SIN FUNDAMENTOS PARA LEY MARCIAL O PUNTOS DE COTEJO
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico advierte que implementar la medida sería en contra de la Constitución
Las medidas de seguridad que impone el gobierno para frenar el avance del coronavirus en Puerto Rico no pueden, en este momento, incluir una Ley Marcial o puntos de cotejo, según advirtió el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo Román.
El letrado dijo que, según el Artículo 4 de la Sección IV de la Constitución, la persona que ocupe el cargo de gobernador o gobernadora podrá “proclamar la ley marcial cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas”.
En Puerto Rico no hay ni una rebelión ni una invasión, por lo
que imponer una Ley Marcial no cumple los requisitos constitucionales, advirtió Román.
“Sería inconstitucional. No cumple con los criterios bajo el ordenamiento constitucional vigente en Puerto Rico en este momento”, sostuvo.
“En este momento, las circunstancias del país no son suficientes para concluir que existe un estado de emergencia, una situación de rebelión,
por lo tanto la Ley Marcial no es una opción jurídicamente válida en este momento”, afirmó.
El lunes en una entrevista radial, la gobernadora dijo que “yo no quiero llegar a una Ley Marcial”, esto por las infracciones que veía a la Orden Ejecutiva de toque de queda y restricción al comercio.
La Policía ha intervenido con decenas de personas por violaciones a la Orden Ejecutiva contra el coronavirus, enfermedad que ha matado a sobre 6,000 personas en el mundo. Ya en Puerto Rico hay cinco personas que han dado positivo a la enfermedad y decenas de casos sospechosos.
Román resaltó que “la Orden Ejecutiva que ella adoptó contaba con facultades extraordinarias que son muy propias de una Ley Marcial”, pero destacó que del propio Tribunal Supremo ya se cuestiona si se trata de una directriz constitucionalmente válida.
Román dijo que una Ley Marcial implica suspender derechos constitucionales y lanzar a la Guardia Nacional para patrullar las calles.
Añadió que el Colegio entiende la importancia de controlar la propagación del virus, pero que si vamos a “tomar decisiones que afecten derechos civiles, debes hacerlo bien, y habíamos visto que la orden tenía problemas”.