Primera Hora

AUMENTA EL PELIGRO DE LAS VÍCTIMAS

EN TIEMPOS DE AISLAMIENT­O SOCIAL TIENEN QUE CONVIVIR ENCERRADAS CON SU POTENCIAL AGRESOR

- MARIBEL HERNÁNDEZ PÉREZ maribel.hernandez@gfrmedia.com

La sicóloga Mercedes Rodríguez López denunció que la exclusión de las víctimas y sobrevivie­ntes de violencia de género en los planes gubernamen­tales, entre ellos el aislamient­o social para evitar el contagio del coronaviru­s, aumenta el riesgo de peligro que corren ellas al convivir con su potencial agresor.

A su juicio, se le hizo tarde al Gobierno para educar y permitir a las víctimas y sobrevivie­ntes percatarse del nivel de peligro que se les está añadiendo a sus vidas.

“(Hay que) reconocer que estas decisiones de aislamient­o social que, si bien pueden ser prudentes en términos de evitar la propagació­n de un virus tan agresivo como este, por otro lado lo que hacen es remitir a las víctimas y sobrevivie­ntes a su espacio más inseguro de vida”, expresó Rodríguez López.

También llamó la atención al hecho de que la misma situación la atraviesan las víctimas de violencia intrafamil­iar, como lo son padres, abuelos o adultos mayores y niños, así como las personas sin hogar, a quienes la sociedad los ha remitido al lugar donde más violencia hay contra ellos.

Rodríguez López recordó que en este momento las comunidade­s están llamadas a proteger a sus vecinos en riesgo, porque -como ha ocurrido en otras situacione­s de desastre- la violencia en la vida de familia va a aumentar.

“Muchas veces las familias conocen de esas vulnerabil­idades y de esas violencias y no se meten porque, culturalme­nte, sigue siendo una expresión de violencia difícil de abordar, incómoda para miembros de la familia y tradiciona­lmente decimos que en cosas de marido y mujer nadie se debe meter, ni con los hijos de nadie, nadie se mete. Nos persigue esa infame costumbre de no intervenir para proteger a los miembros de la familia cuando están expuestos a la violencia”, puntualizó.

Los centros de servicio a las mujeres y los directores de albergues son consciente­s de esta realidad que las pone en una especie de encerrona con sus agresores, limitándol­es las posibilida­des de que puedan pedir ayuda, ya que en muchas ocasiones esta llamada se genera desde su centro de trabajo o desde otro teléfono en su comunidad.

Opinó que el Gobierno tendría que hacer una campaña de educación agresiva de los espacios de ayuda y protección para esas víctimas.

“El Gobierno, lamentable­mente, no tomó provisión sobre eso de nuevo, pasó lo mismo cuando los huracanes, cuando los terremotos, no incorporan dentro de sus planes y dentro de sus estrategia­s la protección de víctimas y sobrevivie­ntes del maltrato de menores, de la violencia de género y del maltrato de adultos mayores. Tendrían que hacer una promoción tan fuerte como se está haciendo de la línea de auxilio para llamar cuando uno tiene síntomas, del número a llamar cuando estás en peligro en tu hogar”, sostuvo.

Gestiones para protegerla­s

Por su parte, la procurador­a interina de la Oficina de la Procurador­a de las Mujeres (OPM), licenciada Madeline Bermúdez, informó que se han tomado medidas para velar por la seguridad de las víctimas.

“Las situacione­s de emergencia en la que nos vemos obligados a pasar mucho tiempo de aislamient­o, tienden a convertirs­e en detonantes. Hacemos un llamado a que si tú o alguien que conoces atraviesa el ciclo de la violencia, se comuniquen con nosotros a través de nuestra línea confidenci­al. Hemos realizado llamadas a cada albergue y/o institució­n que nos brinda apoyo y dándonos servicios, para atender cualquier problema que se presente y estamos al pendiente de cualquier necesidad que haya que resolver”.

Bermúdez también destacó que estarán atentos y vigilantes en su misión fiscalizad­ora. “Nuestra agencia tiene la función de asegurar el cumplimien­to con la política pública de velar por los derechos de las mujeres y asegurar que las agencias públicas cumplan y adopten los programas necesarios para velar por la seguridad de todas las mujeres que lo necesitan”.

Detalló, a su vez, que se verificó el protocolo para las órdenes de protección con la Oficina de Administra­ción de Tribunales y el Negociado de la Policía de Puerto Rico. También, se emitió una resolución

para extender los términos y suspender las vistas administra­tivas pendientes durante el mes de marzo, así como también se les notificó a los oficiales examinador­es de la OPM la cancelació­n de toda vista administra­tiva pendiente durante el mes de marzo.

“Orientamos al personal de CRIAS, quienes trabajan la línea confidenci­al, que si alguna víctima necesitara una orden de protección se orienta sobre si debe acudir a la Sala de Investigac­iones de Primera Instancia de su región o al cuartel de la Policía más cercano”, señaló la licenciada.

“Tradiciona­lmente decimos que en cosas de marido y mujer nadie se debe meter... Nos persigue esa infame costumbre de no intervenir para proteger a los miembros de la familia cuando están expuestos a la violencia”

MERCEDES RODRÍGUEZ LÓPEZ SICÓLOGA

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