La salud mental en tiempos de pandemia
En estos días hemos conocido el resultado de la acumulación de una crisis estructural, económica, política y social, visibilizada con cada uno de los eventos que nos ha tocado vivir en este siglo. Suicidios, maltrato y abuso contra la niñez, violencias de género, explotación, maltrato a nuestros adultos mayores y corrupción, entre otras.
La profesión del trabajo social se inserta y actúa en el ámbito social, el apoyo y el acompañamiento de las familias, cuando urgen necesidades que quedan desprovistas por el gobierno. Actuamos desde la justicia social, la equidad y la defensa de nuestros derechos humanos, los cuales en este momento parecen estar más vulnerados que nunca. Por estas razones, es necesario realizar una radiografía que contextualice la situación social actual en Puerto Rico.
Hemos asumido una deuda no auditada, que trajo consigo una imposición de un organismo que violenta la democracia a la que aspiramos. La política pública frente a esta situación ha sido tomar medidas de austeridad que resultan en complejizar más los asuntos sociales que enfrentamos. Recortes en los servicios públicos, eliminación de protecciones en derechos humanos de toda la ciudadanía, aumento en la desigualdad social y la pobreza. Por otro lado, existe un relevo de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo de nuestro país al sector privado, al tercer sector y a la ciudadanía.
Vivimos los huracanes Irma y María, los sismos en el sur y ahora una emergencia de salud pública. Como respuestas inmediatas al COVID-19, no se consideraron las situaciones acumuladas de los sectores más vulnerados del pueblo trabajador y de la clase media. Familias sin acceso a la alimentación, falta de empleos, personas sin techo seguro, carencia de acceso a pruebas, respuestas poco coherentes que brinden acceso a la educación, falta de servicios en general disponibles para atender las urgencias en la emergencia y otras situaciones que hemos vivido en los últimos, años, meses, semanas y días. Nuestra condición política territorial ha sido un obstáculo para generar política pública enmarcada en los asuntos particulares del país.
La discusión pública comienza a apuntar a la salud mental con los últimos suicidios reseñados. ¿Pero es que acaso no hemos reconocido que la radiografía antes descrita altera la estabilidad emocional de cualquier persona, familia y país?
La indolencia de reconocer los servicios esenciales, la falta de voluntad para atender las raíces de estas situaciones sociales y las respuestas fragmentadas no van a poder enfrentar con certeza la complejidad del deterioro de la salud mental del país, vinculada a las situaciones antes descritas.
Continuar enfocando en la responsabilidad individual y la presentación de técnicas de manejo y control de las emociones no es suficiente. Se requiere de un análisis crítico que vincule un plan de respuestas integradas y sistematizadas de todos los recursos públicos de los sectores no gubernamentales. Un primer paso debe ser reconocer que los servicios sociales también son esenciales. Otro paso es que las repuestas se fundamenten desde una perspectiva de derechos humanos de la ciudadanía.
Es así que la respuesta a la salud mental, integrada y sistematizada con esfuerzos de todas las agencias gubernamentales, podrá atender el agobio, la tensión o la fatiga mental del país. Hay propuestas y alternativas alineadas con estos pasos desde diversos sectores en la mesa del gobierno. ¿Qué es lo que falta?
“La profesión del trabajo social se inserta y actúa en el ámbito social, el apoyo y el acompañamiento de las familias, cuando urgen necesidades que quedan desprovistas por el gobierno”