ES BUENA PERO NO SIRVE
Esta herramienta podría ayudar a mitigar la necesidad de personal en agencias públicas en medio de la pandemia, sin embargo, no se ha puesto en vigor
La Ley 8 de 2017, conocida como Ley del Empleador Único, es un ejemplo de muchas leyes que se aprueban y no se ejecutan en la Isla, sobre todo, en situaciones de crisis de personal como la que ocurrió en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) con la avalancha de solicitudes del beneficio por desempleo tras la emergencia del COVID-19.
A pesar de que fue firmada en febrero de 2017 y el reglamento aprobado en julio de ese mismo año, la exdirectora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Palmira Ríos, advirtió que esta ley prácticamente no se ha puesto en vigor, aun cuando permite la movilidad de recursos humanos en el servicio público.
Pero, Sandra Torres, directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), agencia a cargo de implantar la movilidad de empleados públicos, dijo en entrevista con Primera Hora que durante la pandemia no ha recibido ninguna solicitud formal de movimiento de personal y sostuvo que la Ley 8 es una alternativa “siempre y cuando el tipo de personal que estén requiriendo lo tengamos con el adiestramiento o el expertise que requiere cada una de las áreas”.
“Esta ley es otro ejemplo de legislación con problemas de ejecución”, puntualizó la doctora Ríos, también entrevistada por este diario.
“No hay que empezar a escribir, ya hay un instrumento y ese debe ser parte del rol de la OATRH, de cómo empezar a implementar la ley en emergencias y no dejar el rol exclusivamente al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), la Policía y Bomberos. Ese es un tema de la gerencia pública en las situaciones de emergencias, cómo mover los recursos humanos. Tenemos un instrumento que no se diseñó en ese contexto, pero puede servir para eso”, destacó la investigadora académica.
“Si esa ley y su reglamento estuvieran en efecto hubiera ayudado mucho a responder a la pandemia y a otras emergencias. Uno de los campos que más están creciendo en la administración pública es el de las emergencias”, subrayó la socióloga y expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles.
Reconoció que el reglamento fue aprobado poco antes del huracán María y que “no ha habido mucho tiempo” para implementarlo. Dijo además, que no ha habido continuidad en la gestión pública, pues la OATRH (antes OCALARH) ha sufrido cambios.
“Esta agencia ha cambiado tanto de nombre y ha habido tantas direcciones, pues en esta administración creo que Torres es la segunda directora y creo que ella tiene dos sombreros, ya que dirige también la Oficina de Reglamentación de las Telecomunicaciones y después del colapso de María, tiene que estar con las manos llenas”, indicó Ríos.
Insistió, sin embargo, en que el gobierno debe mirar esta ley “muy seriamente y no acomodaticiamente”, pues se trata “de un instrumento para mover empleados a donde los necesitas, que puede ser en un huracán, un terremoto, una pandemia, una sequía y un huracán en medio de la pandemia, algo que puede ser una realidad”.
Ríos subrayó, además, que en administración pública se recomienda que se empiecen a desarrollar planes de emergencia que permitan acceso a los servicios ya que la incertidumbre “es parte de la nueva normalidad”.
“Esto no puede ser solo una cuestión de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y Desastres), sino que hay que mirarlo como una actividad de todas las instancias públicas”, sostuvo la experta.
“Esta ley fue el primer paso para movernos. Muchos entendíamos que era una buena idea, que requería homogeni
La solicitud de la secretaria del Trabajo fue un diálogo informal en un momento en que tuvimos una reunión en Fortaleza, no hubo una solicitud por escrito” SANDRA TORRES
DIRECTORA DE OATRH