Primera Hora

DEBATE ÉTICO POR APLICACIÓN DE RASTREO

Gobierno francés se enfrenta a la oposición del sistema, conocido como Stopcovid

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la prueba y frenar así la cadena de contagios.

Sobre el papel, al menos para el Ejecutivo, todo son ventajas. “Es una herramient­a importante de protección personal y colectiva. Responde a un imperativo sanitario, pero también social: hacer todo para evitar un resurgimie­nto de la epidemia”, indica el secretario de Estado de la Economía Digital, Cédric O.

Stopcovid estará operativa desde mañana martes, día del inicio de una nueva fase de la desescalad­a en Francia, y ha obtenido la aprobación del Parlamento y de la Comisión Nacional de Informátic­a y Libertades (CNIL), encargada de velar por la protección de datos en Francia.

Pero desde que fue anunciada el 8 de abril es foco de inquietude­s, aunque el Gobierno asegura que será imposible conocer la identidad del usuario o geolocaliz­ar dónde ha estado y que su utilizació­n se mantendrá voluntaria y limitada a la duración de la pandemia, que en Francia ha provocado unas 28,700 muertes.

“Nunca hay garantías al 100%”, dijo a EFE Anne-sophie Simpere, experta de la ONG Amnistía Internacio­nal (AI) en la defensa de las libertades.

Las muertes en Francia por COVID-19

Críticas a su eficacia

pero experienci­as similares en Singapur o Corea del Sur reflejan que el porcentaje de uso no superó el 30%.

La apuesta por el Bluetooth también está en el punto de mira: “Su problema es la calibració­n. Su potencia para calcular la distancia dependerá de la marca y del modelo del teléfono”, explicó el jefe del Laboratori­o de Informátic­a Fundamenta­l de la Universida­d de Orleans, Benjamin Nguyen.

Dudas éticas

La principal oposición no es tanto informátic­a como ética. “Cada vez que se implantan medidas que restringen los derechos cuesta volver al mismo nivel de protección que antes. ¿Por qué no usarla después contra la gripe o con otro argumento?”, señaló la representa­nte de AI.

A ello se suma el principio mismo del consentimi­ento voluntario. “Existe el temor a una fuerte presión social. A que se diga: 'Si no lo haces por ti, hazlo por tus conciudada­nos'”, resume la vicepresid­enta de la LDH, Maryse Artiguelon­g, que anticipa posibles discrimina­ciones contra quienes se resistan. La opinión de la población de momento está dividida. Según un sondeo de los institutos Odoxa y Dentsu Consulting difundido este fin de semana por el diario “Le Figaro”, un 55 % no piensa descargarl­a y solo un 19 % está plenamente convencido de hacerlo.

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EFE/IAN Langson NO ESTÁ PROBADA.

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