LO QUE HA PASADO
● En medio de la emergencia por la pandemia de la COVID-19, el gobierno de Puerto Rico comprometió más de $40 millones en compras de pruebas rápidas para detectar los anticuerpos que produce el coronavirus a empresas (Apex General Contractors y 313 LLC) que no tenían experiencia en el manejo de productos médicos y a costos por encima de su valor en el mercado internacional, según varios informes periodísticos.
● La transacción más elevada -para la compra de un millón de pruebas rápidas de coronavirusse le otorgó a Apex por $38 millones. La transacción fue cancelada cuando la compañía no cumplió con la fecha de entrega, pautada para el 31 de marzo.
● La transacción de 313 LLC consistió en la compra de 151,500 pruebas serológicas al Departamento de Salud por un monto de $3.6 millones. La empresa 313 LLC era hasta unos días antes de que se concretara la venta una compañía dirigida a dar servicios de informática, tecnología, construcción, rehabilitación de infraestructura y mantenimiento.
● Investigaciones periodísticas confirmaron que las dos empresas hicieron las ventas al gobierno a un costo hasta tres veces mayor del que les hizo otra compañía puertorriqueña con amplia experiencia en el campo de productos médicos.
● Ambas transacciones son investigadas por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), ha dicho el secretario de Salud, Lorenzo González.
● La Oficina del Inspector General del
Departamento de Salud de Estados Unidos también está investigando el asunto. “Están pidiendo información. No han dicho para qué. Pero han pedido información de cuentas de emails de personas que trabajaron en el Departamento”, sostuvo el secretario de Salud.
● A raíz de lo trascendido, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes llevó a cabo unas vistas públicas para investigar el enorme escándalo derivado del fallido intento del gobierno de Puerto Rico de comprarle un millón de pruebas serológicas a Apex.
● Los doctores Segundo Rodríguez y Juan Salgado -miembros del Task Force Médico creado por la gobernadora Wanda Vázquez en medio de la pandemia- testificaron en las vistas legislativas pues, testigos alegan que fue a través de ellos que se hizo la recomendación de la compra de pruebas rápidas con las compañías investigadas.
● En abril, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, aclaró a la gobernadora que todo acuerdo que tramite el Gobierno -sea un contrato o no- debe ser evaluado por los miembros del ente federal. Jaresko hacía alusión al pedido de un millón de pruebas rápidas de COVID-19. El Gobierno tenía hasta el 13 de abril para presentar todos los detalles de la compra ante la JSF. Anteriormente, Jaresko había catalogado como “inaceptable” la orden de compra por $38 millones. Según señaló en una misiva, según Promesa, todo desembolso mayor a $10 millones debe ser aprobado por la Junta, lo que no ocurrió.