JUNTA DEMANDA A LA GOBERNADORA
Luego de dos meses sin recibir respuesta, el ente fiscal acudió a los tribunales para exigir la entrega de documentos relacionados a la fallida compra millonaria de pruebas de COVID-19, transacción que es investigada por agencias locales y federales
Los esfuerzos que ha llevado a cabo la Junta para atender estas deficiencias no han sido respondidos y, en algunos de los casos, ignorados... Las preguntas que prevalecen son qué procedimientos y procesos llevaron a suscribir esos contratos”
JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) demandó ayer a la administración de Wanda Vázquez para tener acceso a documentos sobre las compras de pruebas de COVID-19, que ya son investigadas por agencias federales y estatales.
La demanda se entabló ayer en el tribunal federal ante la jueza Laura Taylor Swain luego de dos meses en los que la JSF le ha pedido sin éxito al Gobierno la entrega de documentos sobre estos contratos, según un comunicado de prensa de la entidad.
“Las reglas que utiliza el Gobierno para desembolsos de dinero deben ser claras y transparentes en todo momento, en especial durante la inmensa presión que supone una emergencia”, afirmó la directora ejecutiva del ente, Natalie Jaresko.
En la demanda, la JSF pide a la jueza Swain que emita una orden de interdicto provisional y permanente para que, de inmediato, se le haga entrega de los documentos solicitados.
Los demandados son la gobernadora y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
El comunicado de la JSF alude a los contratos que fueron referidos por la Cámara, pero señala que también desea información de otras negociaciones. “La Junta de Supervisión busca información sobre los contratos de cantidades multimillonarias suscritos con Apex General Contractors y 313 LLC, entre otros, a fin de comprender los procesos y procedimientos conforme a los cuales se aprobaron y firmaron estos contratos...”, setenció.
El ente dijo que accedió a flexibilizar temporeramente ciertos procedimientos de contratación como consecuencia de la pandemia, pero sostuvo que aún así, el Gobierno tiene que cumplir con proporcionarles una copia de cada contrato para que pueda revisarlo, luego de que se suscriba.
“Estos contratos provocaron muchas interrogantes dada su magnitud y las entidades involucradas”, dijo la JSF, que agregó que el Gobierno entregó algunos documentos, pero “no todos los solicitados”.
Reacciona el Gobierno
Por su parte, el director ejecutivo de Aafaf, Omar Marrero Díaz, dijo que la JSF no mencionó en su demanda que el Gobierno produjo “sobre mil páginas y 202 documentos relacionados a las negociaciones de los contratos para las pruebas del COVID-19 y otros equipos o suministros médicos durante el estado de emergencia... Desde el primer día, la Aafaf ha cooperado con la JSF, produciendo documentos, solicitando información a las agencias concernidas y ofreciéndoles la oportunidad de reunirse con funcionarios de las agencias concernidas para explicar la situación y revisar documentos. La JSF se negó a este proceso”.
Señaló que, ante el planteamiento del ente de que falta más información, el departamento de Salud les solicitó una prórroga para identificar y corroborar la existencia de los documentos solicitados.
“Por lo pronto, evaluaremos la demanda, la cual representa un despilfarro innecesario de fondos públicos por parte de la JSF en momentos donde Puerto Rico atraviesa una pandemia que ha provocado un impacto severo en la economía de nuestra isla”, destacó.