“PUSIERON EN RIESGO LA SALUD DEL PUEBLO”
Presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, referirá hoy a implicados en fallida compra de pruebas de coronavirus
La Cámara de Representantes enviaría hoy a las autoridades -estatales y federales- los 11 referidos de funcionarios del Ejecutivo y contratistas por posibles delitos de corrupción y malversación de fondos públicos en la compra de pruebas fallidas del COVID-19.
El informe de la Comisión de Salud con los 11 referidos al Panel de Ex Jueces del Fiscal Especial Independiente, a la Oficina de Ética Gubernamental, a la Oficina del Contralor y al Negociado de Investigaciones Federales (FBI) fue acogido ayer por el pleno de la Cámara, en el último día de la sesión ordinaria. También se hacen referidos al Tribunal Supremo porque algunos de los imputados son abogados.
Los funcionarios referidos son: el coordinador del Task Force Médico, Segundo Rodríguez; el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón; la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez; la exjefa de Personal del Departamento de Salud, Mabel Cabeza; la directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Iris, Santos; el secretario Auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda, Alfonso Rossy; la ayudante especial del Negociado de Manejo de Emergencias, Guarina Delgado y el exjefe de la Administración de Servicios Generales, Ottmar J. Chávez.
También encaran referidos el abogado Juan Maldonado, quien gestionó el cancelado contrato de $38 millones para la compra de las pruebas rápidas a nombre de Apex General Contractors, así como el presidente de la empresa, Robert Rodríguez López y el presidente de la compañía 313 LLC, Ricardo Vázquez.
En el debate del informe, el representante novoprogresista Juan Oscar Morales, quien como presidente de la Comisión de Salud condujo la investigación legislativa, ripostó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
“Hay quienes dicen que este informe es una tragedia y yo concurro, es una tragedia cuando el pueblo estaba en aquella incertidumbre esperando por pruebas rápidas y había unos lucrándose”, sostuvo Morales, quien dijo que debe haber una disculpa al País “porque cuando las cosas están mal, están mal”.
“Esto no es cuestión de rojos y azules… Hubo funcionarios del gobierno que pusieron en riesgo la salud del pueblo, hay una crasa deficiencia administrativa. En el Departamento de Salud se tomaron decisiones sin consultar a los expertos”, sostuvo Morales.
“Hay quienes dicen que este informe es una tragedia y yo concurro, es una tragedia cuando el pueblo estaba en aquella incertidumbre esperando por pruebas rápidas y había unos lucrándose”
JUAN OSCAR MORALES PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
El representante independentista, Denis Márquez Lebrón, calificó el lío de la compra de las pruebas como “uno de los procesos más angustiosos, criminales y mafiosos de la historia reciente de Puerto Rico”. Pidió que se lleve a los responsables “hasta las últimas consecuencias”. Cuestionó también a la gobernadora por sus expresiones de “que había que velar a los que iban a estar a favor del informe”.
“Todo esto se da en el contexto de la pandemia y de la lucha primarista... Tuvimos la oportunidad de confrontar a negligentes y corruptos funcionarios y a una partida de buscones que se aprovecharon para venderle unas pruebas en $38 millones y otras también”, indicó.
El portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández, por su parte, dijo que aunque la mayoría parlamentaria no refirió el informe al Departamento de Justicia, “procesalmente” hay que enviarlo a la agencia.