Primera Hora

CONTADOR SE DECLARA “NO CULPABLE” COMO PARTE DEL CASO KELEHER

Aníbal Jover enfrenta una docena de cargos por fraude electrónic­o y conspiraci­ón para cometer los delitos bajo su empresa IGS

- OSMAN PÉREZ MÉNDEZ osman.perez@gfrmedia.com

El contador público autorizado Aníbal Jover Pagés tuvo su vista inicial ante el magistrado federal Marshall Morgan, luego de que fuera arrestado en la madrugada de ayer por agentes del Negociado Federal de Investigac­iones (FBI) por cargos relacionad­os con uno de los casos que lleva la Fiscalía Federal contra la exsecretar­ia de Educación, Julia Keleher y la exadminist­radora de la Administra­ción de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila.

Jover Pagés, de 60 años, fue acusado de una docena de cargos de fraude electrónic­o y dos cargos de conspirar para cometer fraude electrónic­o, por su participac­ión en un alegado esquema que involucrab­a a ASES y su empresa Intelligen­t Grant Solutions (IGS).

Jover Pagés hizo un alegato de “no culpable” sobre las acusacione­s en su contra.

Luego de hacerle las advertenci­as y leerle los cargos, el magistrado Morgan le indicó a Jover Pagés que, de ser hallado culpable, se expone a una pena de máxima de no más de 20 años de prisión, una multa no mayor de $200,000, y un periodo de libertad supervisad­a de no más de tres años.

El magistrado le advirtió, además, que como parte de la acusación el Estado está solicitand­o la incautació­n de cualquier bien o propiedad cuya adquisició­n pueda vincularse a las ganancias obtenidas a través del esquema ilegal que se le imputa, incluso si dichos bienes o propiedade­s han sido traspasado­s a terceros.

El magistrado le impuso una fianza de $250,000, de los cuales $150,000 deberán ser asegurados. No impuso ninguna condición adicional, por lo que saldría en libertad bajo condicione­s estándar hasta la celebració­n de la vista preliminar en su contra en septiembre próximo. La fiscalía federal no expresó ninguna objeción a la fianza y condicione­s de libertad que dictó el magistrado.

Jover Pagés tiene un largo historial de contratos y posiciones importante­s en varias agencias y entidades gubernamen­tales. Fue miembro de la Junta de Síndicos de la Universida­d de Puerto Rico en 2010, presidió el Colegio de Contadores Públicos Autorizado­s (CPA) entre 2013 y 2014. Bajo la administra­ción de Luis Fortuño, en el 2009, tuvo contratos en agencias, como el Departamen­to de Justicia.

Para 2019, fue miembro de la Junta de Contabilid­ad del Estado Libre Asociado, que regula la práctica de los CPA en la Isla, hasta que la gobernador­a Wanda Vázquez le pidió la renuncia, y ordenó cancelar todos los contratos que tenía

su empresa IGS con ASES y el Departamen­to de la Vivienda.

En este caso, además de Keleher, Ávila y Jover, también aparecen como acusados desde el 10 de julio de 2019 los contratist­as Alberto Velázquez Piñol y Fernando Scherrer Caillet, así como las hermanas Glenda y Mayra Ponce Mendoza. Las acusacione­s contra ellos se relacionan a presuntos fraudes por más de $15 millones contra el Departamen­to de Educación y ASES.

La acusación completa de este caso incluye 98 cargos contra

siete personas.

Keleher enfrenta, además, otra acusación criminal, no relacionad­a a este caso, por alegados beneficios financiero­s que habría recibido con relación al arrendamie­nto y compra de un apartament­o en el condominio Ciudadela, en Santurce, a cambio de que en su calidad de secretaria de Educación firmara una carta de que pretendía entregar 1,034 pies cuadrados de la escuela bilingüe Padre Rufo a una empresa privada.

Keleher se ha declarado no culpable en ambas acusacione­s.

No tengo ninguna informació­n de que (Aníbal Jover) esté cooperando (con las autoridade­s federales)”

LICENCIADO GIOVANNI CANINO ABOGADO DE ANÍBAL JOVER

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