A LO LOCO PAGO DE FACTURAS EN SENADO
El informe señala múltiples deficiencias en las cuentas, como que no tenían una descripción detallada de los servicios ofrecidos por los contratistas
Un informe publicado ayer por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) halló múltiples deficiencias en las facturas pagadas por el Senado por contratos de servicios profesionales y consultivos, entre ellas que se pagaron facturas cuyos informes de labores no tenían una descripción detallada de los servicios ofrecidos por los contratistas.
Además, el informe señala que la Oficina de Asuntos Gubernamentales (OAG) del Senado en San Juan y Mayagüez mantuvo bajo contrato a tres personas, por $144,000 entre enero de 2017 y diciembre de 2018, para realizar funciones que ya eran prestadas por empleados de ese cuerpo legislativo.
La auditoría cubrió el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018. No obstante, los hallazgos relacionados con la OAG son exclusivos de este cuatrienio porque ese ente no existía durante el cuatrienio pasado.
Entre enero de 2013 a diciembre de 2018, el Senado otorgó 1,899 contratos y 604 enmiendas por $42.4 millones, detalla el informe de la OCPR.
Asimismo, la auditoría encontró que, de los informes de las labores realizadas por los contratistas en 94 de las facturas pagadas por el Senado, el 47% no contenía “una descripción detallada ni específica de los servicios ofrecidos”. Es más, en tres de los contratos evaluados por los auditores “no se pudieron identificar en las facturas actividades relacionadas con 70 casos asignados a estos contratistas”.
Los servicios ofrecidos en los contratos y facturas evaluadas por los auditores estaban relacionados con asesoría administrativa, asesoría en comunicaciones, relacio
nistas públicos, asesoría en asuntos laborales y administrativos, coordinación de servicios intergubernamentales, asesoría en asuntos federales, y coordinación de enlace comunitario.
Según el informe de auditoría, estas situaciones “impiden la verificación, en todos sus detalles, de la corrección de los desembolsos realizados a los contratistas y puede propiciar la comisión de errores e irregularidades en dichas operaciones”.
De las facturas pagadas y evaluadas por los auditores del Contralor, en el 23% de ellas no se pudo localizar documento alguno relacionado con los trabajos realizados por los contratistas ni el Senado pudo proveer evidencia.
En su contestación a la OCPR, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, señaló que “se impartieron instrucciones y tomaron las medidas necesarias” para que se
ejerza una supervisión eficaz en el área de preintervención, “de modo que estos se aseguren que las facturas y demás justificantes tengan toda la información requerida antes de que se procesen los pagos relacionados con los servicios prestados por los contratistas”.
Específicamente, sobre facturas relacionadas con la OAG, los auditores encontraron que en cinco facturas entregadas y pagadas a tres coordinadores intergubernamentales ni siquiera se sometieron los informes de los casos que supuestamente atendieron.
La OAG era dirigida para ese entonces por Ángel Figueroa Cruz, quien en octubre de 2019 se declaró culpable de participar en un esquema de fraude que consistió en certificar como correctas facturas de contratistas que, en realidad, no prestaron los servicios cobrados.