INVESTIGAN OTRO ESQUEMA DE FRAUDE AL DESEMPLEO
El secretario del DTRH, Carlos Rivera Santiago, explicó que patronos del sector privado levantaron bandera sobre empleados que solicitaron el beneficio sin cualificar y han impugnado el proceso a 25,240 personas
Nuevo escándalo en el Departamento del Trabajo: la agencia investiga 25,240 personas que pudieron haber incurrido en fraude solicitando el seguro de desempleo regular a patronos del sector privado.
Este esquema ilegal se suma a la investigación de autoridades locales y federales que manejan el estimado de 100,000 casos de fraude al programa federal de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA), que se le otorga a los cuentapropistas que quedaron sin trabajo durante la emergencia del coronavirus. Se calcula que unos 10,000 servidores públicos pudieron haber recibido cheques de PUA sin cualificar.
Así lo informó a Primera Hora el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera Santiago, al explicar que la alerta de estafa al seguro del desempleo regular se recibió por parte de los patronos que objetaron los cargos cuando la agencia les envío una notificación para que validaran la información provista por miles de personas que habían solicitado el beneficio, unos fondos que provienen de las pólizas que pagan las propias empresas privadas.
“Son personas que estaban defraudando a sus propios patronos y ellos levantan bandera cuando se percatan que hay empleados que pidieron el beneficio sin cualificar e impugnan el proceso… se trata de patronos que están protegiendo su dinero, porque a más empleados reclamantes, más aumentan los pagos de sus pólizas”, dijo Rivera Santiago.
Actualmente, hay unas 238,000 personas recibiendo el beneficio de desempleo regular. Unas 73,000 han sido declaradas inelegibles.
Explicó que de las 25,240 notificaciones recibidas por patronos hay 14,200 que ya fueron adjudicadas.
“Esto significa que esas 14,200 se confirmó que fueron de beneficios que no correspondían o no procedían”, indicó el titular.
A modo de ejemplo, el secretario especificó el caso de una cadena “bastante grande” que alertó al Departamento del Trabajo, pues identificaron “sobre 410 empleados que entienden que cometieron fraude porque solicitaron el seguro de desempleo regular, aun cuando nunca dejaron de cobrar”.
“Entiendo que es la compañía con el mayor número de casos… pero también tenemos expedientes voluminosos de empleados de instituciones académicas, hay de bufetes de abogado, de todo tipo de patrono”, indicó sin mencionar nombres.
Este diario supo que en el caso de la cadena se trata de una compañía estadounidense de tiendas de venta al por mayor.
El secretario destacó que desde un punto de vista administrativo, la agencia está tras esos 14,200 individuos para iniciar una acción de recobro. Aquellos casos en que se demuestre algún sesgo de fraude serán referidos a las autoridades locales y federales pertinentes para que conduzcan una investigación y decidan si hubo o no comisión de delitos.
“Son expedientes voluminosos y hay que ir canalizándolos poco a poco e ir haciendo los referidos”, expresó al destacar que, actualmente, hay un “task force” interagencial investigando los casos, incluyendo al Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Rentas Internas (IRS) y auditorías de la Oficina del Inspector General de Departamento del Trabajo de Estados Unidos (OIB-DOL). A nivel estatal, hay un grupo de fiscales designados a las investigaciones que lleva a cabo la División de Robo a Bancos y Fraude del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
A preguntas de Primera Hora, el secretario dijo que la agencia se dispone establecer a cuánto pudiera ascender la cuantía de dinero por recobrar. En cambio, especificó que se trata de más de 25,000 individuos que pudieron haber cobrado cheques de entre $10,000 a $15,000.
Recordó que los posibles implicados son reclamantes que, además del monto establecido a recibir por desempleo regular, se les otorgó $600 semanales de Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica (PEUC) que se aprobó a través del Congreso de Estados Unidos con la Ley CARES Act. Este beneficio inició en abril y culminó el 25 de julio. Recientemente, se aprobó un paquete de compensaciones similar mediante orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, pero el desembolso de fondos aun no ha iniciado. En
esta ocasión, las personas elegibles recibirán $300 semanales adicional a lo que les llega por desempleo regular o PUA.
El seguro de desempleo regular se otorga a través de una póliza que pagan los patronos que, trimestralmente, rinden informes actualizando el movimiento de sus plantillas. Los beneficios básicos al reclamar el seguro de desempleo van desde $60 hasta $240 semanal. La cantidad que se otorgará al desempleado dependerá del salario generado. El programa otorga 26 semanas de compensación a los reclamantes.
“Cuando una persona queda sin trabajo, o le reducen la jornada, y solicita el seguro de desempleo regular, tiene que llenar una solicitud bajo juramento mencionando el patrono y otra información requerida. Esa información se le envía al patrono para que sepa que a ‘tal persona’ se le dio el beneficio bajo su póliza. Ahí es que el patrono puede objetar los cargos por distintas razones. Algunos nos dicen: ‘esa persona no es empleado nuestro o esa persona está trabajando y nunca ha dejado de cobrar’. También puede darse la modalidad de robo de identidad”, reiteró el funcionario.
¿Qué ocurrirá con los que burlaron la ley?
Al igual que ocurre con los posibles fraudes al PUA, se exhorta a los empleados del sector privado involucrados en el esquema al seguro de desempleo regular a que cooperen con la autoridades y, de esta forma, minimizar las consecuencias legales que tendrán.
“Lo primero sería devolver el cheque que no les corresponde o hacer un giro o cheque de gerente a nombre del secretario de Hacienda. Debe estar acompañado por una carta explicativa… siempre es bueno quedarse con una copia de lo que se ha entregado”, dijo Rivera Santiago al indicar que las entregas pueden realizarse en cualquiera de las nueve oficinas regionales de la agencia.
“También se creó una ventanilla de entregas en la calle Guayama para personas que quieran entregar los cheques”, dijo en referencia a la sede central del departamento, ubicada en Hato Rey.
De hecho, hay personas que ya han recurrido a la agencia a devolver cheques de desempleo regular. Por ejemplo, la semana pasada se recuperaron $650,794.
El secretario mencionó que una vez entregados los cheques, se evalúa el caso y si se determina que hubo fraude se cobrarán cargos de hasta un 15%. “El plan de pago para los que intentan devolver el dinero es de hasta 60 meses”, dijo.
Rivera Santiago advirtió, además, que los posibles infractores de la ley podrían ser descualificados para recibir beneficios de desempleo por un año y se exponen a perder otras ayudas provenientes del gobierno federal. Algunas de estas ayudas podrían ser en subsidios de viviendas y en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), entre otros.
Anteriormente, la secretaria del Departamento de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez, había explicado a través de este diario que algunos de los delitos criminales que se le pudieran imputar a personas vinculadas a programas de desempleo conllevan extensas penas de cárcel.
Mencionó, por ejemplo, que el delito de fraude conlleva ocho años en prisión.
¿Cuánto dinero se ha recuperado?
Rivera Santiago indicó que tras la avalancha de personas acudiendo a la agencia a devolver dinero otorgado que no les correspondían se han podido recuperar $36,491,478.
De esta suma, $5.5 millones corresponden a fondos entregados por ciudadanos los cinco días laborables de la semana pasada.
“De esos $5.5 millones, $3,473,869 son de cheques del PUA… también hubo $25,440 de menores de edad que solicitaron el PUA y $71,424 de empleados de gobierno”, explicó.
A preguntas de este diario dijo que aun se trabaja en la corroboración de las listas de servidores públicos que pudieron haber solicitado el PUA de manera ilegal. El estimado inicial fue que unos 10,000 empleados de gobierno defraudaron el programa federal.
“Los municipios y jefes de agencias gubernamentales no han completado de depurar las listas. Han tardado un poco. Podría decir que los municipios están más adelantados”, dijo al estimar que entre un 50% y un 60% han certificado las listas en las que se debe indicar cuáles de los beneficiarios que solicitaron el desempleo están activos trabajando en el gobierno.
De otra parte, el secretario del Trabajo aseguró que, según ha podido constatar a través de reuniones con el gobierno federal, el fraude a los programas de desempleo es un problema que confrontan muchas jurisdicciones en Estados Unidos.
“Pero dentro de todo, la impresión del gobierno federal es que aquí se están devolviendo más cheques que en otras jurisdicciones”, sostuvo.
“
Algunos nos dicen: ‘esa persona no es empleado nuestro o esa persona está trabajando y nunca ha dejado de cobrar’. También puede darse la modalidad de robo de identidad”
CARLOS RIVERA SANTIAGO
SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y
RECURSOS HUMANOS