EL COLAPSO DEL 9-1-1 SE PUDO HABER EVITADO
El País estuvo 12 horas sin el sistema de respuesta a emergencias debido al cierre de sus dos centros de operaciones tras surgir varios casos positivos de COVID-19
El desvío de llamadas del 9-1-1 a la Policía no resuelve el colapso del sistema de respuesta a emergencias a consecuencia del cierre de sus dos centros de operaciones en Hato Rey y Guaynabo, tras surgir varios casos positivos de COVID-19, aseguró ayer el presidente de la Unión de Trabajadores de la Comunicaciones (CWA), Aramis Cruz Domínguez.
“El sistema está inoperante. La ciudadanía está en riesgo”, advirtió Cruz Domínguez. “La Policía no tiene los contactos que tenemos nosotros. No tienen el sistema para canalizar las miles de llamadas diarias que nosotros recibimos”, sostuvo.
El líder sindical y también telecomunicador desde hace 20 años en el ahora Negociado del Sistema de Emergencias del 9-1-1 indicó que la dependencia que está adscrita al Departamento de Seguridad Pública (DSP), recibe entre 8 a 10 mil llamadas diariamente a través de sus dos centros.
Con el cierre de estos centros el miércoles hubo un lapso entre la noche y la madrugada en que las llamadas se perdían porque no tenían respuesta. Pasadas las 8:00 de la noche, las llamadas de emergencia tenían que hacerse a través del cuadro del Negociado de Manejo de Emergencias y no fue hasta la mañana de ayer que comenzaron a ser redirigidas a través del 343-2020 de la Policía, informó el secretario del DSP, Pedro Janer.
“Hubo 12 horas donde las llamadas no tuvieron ningún tipo de respuesta. Por mi experiencia debieron haber sido 2 mil porque la mayoría se reciben entre la noche y la madrugada”, reclamó Cruz Domínguez
en entrevista con Primera Hora.
Indicó que las personas que estaban atendiendo las llamadas en la Policía no están adiestradas para canalizar ese tipo de llamada. “Es un servicio a medias lo que se está prestando por la falta de un plan de contingencia que se pudo haber creado para evitar esta situación”, sostuvo.
Dijo que son cuatro los empleados positivos al coronavirus en ambos centros de opecia raciones y señaló que todo el personal está en cuarentena. Actualmente en la agencia laboran unos 114 telecomunicadores. En 2018 la plantilla era de 186, pero con la Ley de Cumplimiento Fiscal hubo un recorte de 72 puestos de trabajo.
Cruz Domínguez dijo que desde el pasado mes de marzo le había sugerido a la comisionada del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, Arelys González que la agencia debía tener un plan de contingenpor la situación de la pandemia y que evaluara la posibilidad de que los telecomunicadores manejaran vía remoto el sistema de llamadas.
“No han hecho nada. Lo único es que se hicieran pruebas porque nosotros lo venimos diciendo desde hace varios meses y las pruebas se vinieron a dar hace dos semanas y ahí es que se descubren los cuatro positivos. Si no hubiera sido por eso, un brote hubiera habido”, expresó el telecomunicador.
También manifestó que por orden de la comisionada, el personal administrativo sigue trabajando remoto y no se han rendido los informes que la agencia hace en los municipios para saber cuántos casos han atendido en los pueblos.
“Ahora mismo no se sabe cuántos casos han sido atendidos por municipio. Eso determina cuánto se le paga a los municipios porque se supone que el 911 le pague para que ellos puedan seguir brindando servicios de respuesta a una emergencia. Esos informes no se están haciendo porque la comisionada no quiere a nadie en el segundo piso y tiene a los empleados en su casa cuando ya todo el gobierno está trabajando”, indicó.
El líder de la unión puntualizó también que no se está haciendo cumplir la Ley 32 de 2020, que obliga que los fondos del 9-1-1 -que se nutren del impuesto de 50 centavos que tiene que pagar todo ciudadano con servicio de telefonía-, sean utilizados para responder a las emergencias y no sean desviados a otros fines. “Algo que le hemos pedido a la comisionada es que se exprese a favor de la Ley 32 y, (haga) así como hizo la comisionada de Ciencias Forenses (María Conte Miler), que reclamó que su agencia fuera sacada del DSP”, indicó.
“El Servicio del 9-1-1 es para el pueblo y nuestro pedido es que el gobierno le dé paso al cumplimiento de la Ley 32 de 2020 que protege los fondos y da las herramientas necesarias para tener un 9-1-1 ágil, le ata las manos al DSP y no le permite mover los fondos como ellos quieran. Recordemos que la guagua blindada del ex secretario del DSP, Carlos Pesquera fue comprada con fondos 9-1-1. Ahora nadie sabe dónde está esa guagua. En el 9-1-1 no la hemos visto”, aseguró.
Reacciona el Secretario del DSP
“El Sistema 9-1-1 no está inhabilitado, lo que está inhabilitado es el personal que opera en los dos centros que tenemos debido a pruebas positivas del
COVID y se tuvo que evaluar las dos facilidades y se está en el proceso de desinfectar esas dos oficinas”, indicó por su parte, Janer, quien reclamó que tienen planes alternos para manejar la situación.
Dijo que compraron computadoras portátiles para que los operadores “se las puedan llevar a su casa y puedan trabajar a manera de teleworking”.
“Están en el proceso de llegar y se tienen que programar”, sostuvo para agregar que también tienen identificado otro local a donde eventualmente van a mudar al DSP y todas las agencias de la sombrilla de seguridad.
Al ser cuestionado por qué las laptops no se compraron al principio de la pandemia, el funcionario dijo que “estas son compras millonarias y hay que seguir un proceso de contratación que no se puede hacer de un día para otro”. Sin precisar, agregó que las computadoras, “se compraron hace par de meses”.
Pero, el consultor en seguridad y ex director de Manejo de Emergencias, Ángel Crespo Ortiz insistió en que “el colapso” del 9-1-1 se pudo haber evitado.
“Se cae de la mata que si tienes una emergencia mundial desde enero, la comisionada y el secretario del DSP debieron haber revisado el plan de continuidad de operaciones. No hay
que ir a la NASA ni ser un genio. Si se busca en Google, están las guías del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para los centros de llamadas 9-1-1. Allí se dicen todas las contingencias que se tienen que llevar a cabo, incluso sugiere que a los telecomunicadores se les instale el sistema remoto en la casa”, sostuvo Crespo.
Dijo que todas las agencias, sobre todo las de respuesta rápida, deben desarrollar anualmente un plan de contingencia para la continuación de operaciones (Continuity Operation Plan), lo que cobra aún más relevancia con la pandemia del COVID-19. “Es completamente inaceptable que el sistema haya colapsado. Es incompetencia, es improvisación”, sostuvo.
El consultor en seguridad subrayó la importancia del 9-1-1 en salvar vidas y en el esclarecimiento de crímenes. “Es un sistema bien robusto y muy seguro, tiene unas protecciones que nadie puede trastocar. Para entrar ahí te escolta la Policía y, por ejemplo, si una mujer que llame, que es acechada por un agresor, esa llamada queda grabada y puede ser pieza de evidencia en casos”, abundó Crespo.
“Es un servicio que lo pagamos los ciudadanos, 50 centavos por cada línea telefónica 9-1-1 se creó para que funcione como un servicio propio, para que el sistema esté robusto y, lo que sobre, para distribuirlo a emergencias para la compra de materiales. Nunca desde su creación en los 90 el sistema se había apagado, ni en María que ha sido la peor hecatombe, nunca colapsó”, sostuvo.
Aludió a una carta que le envió la Región II de FEMA a la gobernadora Wanda Vázquez el pasado mes de mayo, “advirtiéndole del colapso y que el DSP es una capa de burocracia”.
Crespo también manifestó que en días recientes, él y varios ex directivos de Manejo de Emergencias, cursaron una misiva a la gobernadora señalándole el uso incorrecto del
Integrate Public Award and Alert System, que se activa a las 8:00 de la noche para recordarle a la gente el toque de queda de la pandemia.
“Eso no debe ser una chicharra para ponerse la mascarilla. Es para alertar a la gente en situaciones de peligrosidad, cuando hay un riesgo inminente como la explosión de Capeco”, dijo para recordar que Rafael Hernández Colón fue el primero en activar el sistema utilizando su voz para alertar a la ciudadanía sobre la peligrosidad de huracán Hugo en 1989.
“La Policía no tiene los contactos que tenemos nosotros. No tienen el sistema para canalizar las miles de llamadas diarias que nosotros recibimos”
ARAMIS CRUZ DOMÍNGUEZ / PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES
“Se cae de la mata que si tienes una emergencia mundial desde enero, la comisionada (Arelys González) y el secretario del DSP (Pedro Janer) debieron haber revisado el plan de continuidad de operaciones”
ÁNGEL CRESPO ORTIZ / EX DIRECTOR DE MANEJO DE EMERGENCIAS