JSF: “EL GOBIERNO TIENE QUE TOMAR UNA DECISIÓN DIFÍCIL”
La Junta de Supervisión Fiscal informó al gobierno que se requerirían reducciones significativas de empleados públicos -más allá de lo dispuesto en el Plan Fiscal Certificadoen aras de mitigar el costo de mayores beneficios de retiro definidos en las Leyes 80, 81 y 82.
La Junta también indicó al gobierno que estas leyes no deben ser implementadas hasta que se demuestre que las reducciones necesarias de personal y salarios pueden y serán alcanzadas sin afectar los servicios esenciales.
Según el ente federal, la gobernadora promulgó las tres leyes en agosto sin suficiente análisis de cuánto costarían las leyes y de dónde se derivarían los ahorros para cubrir esos costos incrementales. Incluso, señalan que después de repetidos intercambios, el análisis del Gobierno sigue estando incompleto.
El análisis de la Junta con respecto al impacto de las tres leyes concluyó que, combinadas, podrían aumentar los gastos del Gobierno hasta en $8,300 millones durante los próximos 30 años.
Para compensar estos gastos adicionales, el gobierno tendrá que imponer recortes sustanciales a los gastos, lo que resultará en reducciones significativas de la plantilla de empleados del gobierno para garantizar la consistencia con el Plan Fiscal Certificado y equilibrar el presupuesto, según lo exige PROMESA.
“Si el gobierno sigue comprometido con implementar estos beneficios de retiro adicionales para los empleados del gobierno, tiene que tomar una decisión muy difícil”, dijo por escrito la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko. “El gobierno tendrá que recortar gastos, incluidos recortes a los policías, bomberos y otros empleados del gobierno para pagar por estas leyes”.
La directora ejecutiva agregó que “el Plan Fiscal Certificado define un cuidadoso equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la eficiencia del gobierno. Los recortes presupuestarios necesarios para compensar el costo incremental de los beneficios provistos por las tres leyes podrían perjudicar los servicios esenciales del gobierno, aumentar los costos a largo plazo y arriesgar la habilidad de implementar las reformas críticas ordenadas en los planes fiscales”.
“La implementación de estas leyes no es compatible con el mejor interés del pueblo de Puerto Rico”, manifestó Jaresko.