Cuesta arriba los acuerdos con síndico
Los retrasos que ha tenido el Departamento de Educación para lograr completar el contrato con la firma Álvarez and Marsal, para que funja como monitor federal y como custodio de los fondos federales que llegan a través de propuestas sometidas al Departamento de Educación de los Estados Unidos, serán discutidos durante una reunión privada del comité de transición, determinó ayer el presidente del grupo del gobernador electo Pedro Pierluisi, Ramón Luis Rivera Cruz.
Es que a finales de febrero Educación adjudicó una subasta a la empresa, pero han pasado 10 meses sin que se culmine el contrato y la empresa comience en funciones.
El director de Asuntos Federales de Educación, Francisco Martínez, explicó que durante estos 10 meses Educación se ha sumido en un proceso de negociación con Álvarez and Marsal. Detalló que se trata de un contrato de $43 millones al año con una empresa con la que el gobierno de Guam, supuestamente, tuvo problemas para culminar el acuerdo y los llevó a una relación de 10 años.
“Nosotros no queremos caer en lo mismo”, manifestó Martínez.
El funcionario aceptó que van por la versión décimo quinta de la redacción del contrato, pero que confrontan problemas para que la empresa acepte unas cláusulas a nombre del gobierno de Puerto Rico.
Pese a esta controversia, tanto Martínez como el secretario de Educación señalaron que los $650 millones de fondos federales que se reciben anualmente de propuestas sometidas desde Título 1 a Título 4 no están congelados.
Se explicó que la agencia tiene fondos sin utilizar desde el 2018 al 2020. No se indicó el monto.
La limitación que ha impuesto el Departamento de Educación federal es que no pueden utilizar el dinero de este año fiscal hasta tanto no agote los fondos de pasados años o no contrate al monitor.
Por otro lado, el secretario de Educación informó a la prensa que Álvarez and Marsal fue seleccionada, tras obtener la mayor puntuación, en un proceso de competencia de propuestas en el que otras dos empresas licitaron.