REITERA CRISIS PRESUPUESTARIA EN CORRECCIÓN
Titular de la agencia dice que los 7,398 reos que hay en las cárceles requieren una inversión anual de $310 millones
El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey, reconoció ayer que el proceso constitucional de rehabilitación en las instituciones carcelarias del país se ha visto interrumpido por la pandemia, al tiempo que advirtió la fuerte presión que ejerce sobre la agencia de seguridad la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reduciendo presupuestos y ordenando el cierre de prisiones en la Isla.
En el sexto día de vistas de transición del gobierno, Rivera indicó que tras decretada la pandemia de COVID-19 en marzo pasado, se detuvo la mayoría de los 73 programas educativos vocacionales y de adiestramiento vocacional.
“Esto sin duda alguna, ha afectado en cierto sentido el proceso de rehabilitación por vigencia de los programas… muchos han tenido que ser cancelados por este tiempo porque es parte de la naturaleza para controlar el virus dentro del sistema”, dijo.
Agregó que fue hace tres meses que se incorporaron unos módulos para poder comenzar a ofrecer los programas educativos de manera virtual. Esto permitió que unos 1,350 confinados se graduaran de cursos de electricidad, plomería y construcción.
Mencionó que a la agencia se le otorgó $10 millones a través de la Ley CARES Act para manejar la crisis de salud pública, y de estos quedan disponibles poco más de $500,000. Sin embargo, explicó que se hacen gestiones para obtener “grants”
que garanticen una asignación de fondos adicionales para atender la emergencia en los primeros meses del 2021 y la entrada de la nueva administración gubernamental.
De otra parte, advirtió al comité de transición los escollos que enfrenta el DCR en términos de presupuesto el cual se redujo en $5 millones durante el presente año fiscal. El pasado año el presupuesto fue de $386 millones.
“El sistema correccional vive apagando fuegos por la falta de presupuestos… se trabaja día a día porque no hay una proyección de fondos claros”, expresó Rivera Juanatey.
“Nuestro sistema correccional es complejo, tiene diferentes custodias, hay grupos que no pueden convivir juntos, entre otros factores que no nos permiten consolidar tan fácilmente instituciones, simplemente, por cuestiones de números de confinados o empleados”, manifestó al explicar que actualmente la población de reos es de 7,398, una cifra que antes de la pandemia era de 8,784 y que se vio reducida por los casos de hábeas corpus en aquellos escenarios en los que a los confinados se les cumplió el término de seis meses para un juicio rápido y los provocados por la Ley 87.
Rivera dijo que el presupuesto del pasado año fiscal tuvo que aumentarse a $29 millones adicionales pues “no daba para pagar alimentos” y otros servicios esenciales. Además, hubo un gasto no planificado del pago de $15 millones en horas extras a oficiales correccionales por la pandemia.
“Nos preocupa que la proyección de la Junta es de $304 millones para el próximo año fisca. Estamos hablando de que será bien complejo manejar la agencia con ese presupuesto”, mencionó.
El gobierno invierte $115 por confinado, lo que es equivalente a casi $42,000 anuales. En términos generales el total de 7,398 reos que hay actualmente en las cárceles requieren una inversión anual de $310 millones.
“
Hay que entrar nuevamente en conversaciones con la Junta para expresar la necesidad de que se necesita presupuesto para cubrir gastos de nómina y de servicios a confinados”
EDUARDO RIVERA JUANATEY / SECRETARIO DEL DCR