DEBEN CHAVOS DE RETIRO COMO LOCO
Unos 75 municipios y 26 corporaciones públicas tienen deudas millonarias con los sistemas de retiro, según trascendió ayer en las vistas de transición
Aunque el pago a los retirados del sector público no se ha detenido, 75 municipios y 26 corporaciones mantienen deudas con los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), expuso el administrador Luis M. Collazo Rodríguez, durante su participación ayer en el octavo día de vistas públicas de transición del gobierno.
La llamada Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos, que entró en vigor el 23 de agosto de 2017, establece los términos para el pago de las pensiones de retirados del gobierno.
“Como funciona (el pago mediante la Ley 106) es que se presupuesta, el Sistema de Retiro proyecta lo que va a ser el gasto en pensiones, el Fondo General paga las pensiones de las corporaciones y municipios y les factura para que reembolsen”, explicó Collazo durante su ponencia.
Los municipios con la mayor cantidad de deuda son San Juan con $97 millones, Toa Baja con $8 millones, Mayagüez con $6 millones, Ponce con $6 millones, Arecibo con $5.6 millones, Guaynabo con $4.3 millones, Caguas con $3.8 millones, Carolina con $3.5 millones, Santa Isabel con $2.5 millones y Cabo Rojo con sobre un millón adeudado. Solo tres municipios no tienen deuda: Bayamón, Dorado y Adjuntas, explicó el administrador.
Asimismo, las corporaciones que adeudan son la Corporación del Fondo del Seguro del Estado con $29.8 millones, la Autoridad de Puertos con $30.9 millones, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con $18.5 millones, la Autoridad Metropolitana de Autobuses con $12.9 millones y Fomento
Industrial con $14.3 millones.
“Estamos realizando todas las gestiones de cobro”, sostuvo Collazo, al explicar que hasta el momento esas gestiones han consistido en el envío de una primera carta de aviso de deuda –tanto a los municipios como a las corporaciones–, y de no haber respuesta, una segunda carta con acciones de recobro como puede ser copia a los Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para la retención de fondos.
De acuerdo con Collazo, las entidades públicas tienen conocimiento de antemano de las proyecciones de pago de las pensiones.
“Nosotros les enviamos las proyecciones de Paygo (fondo para pensiones) a todos los municipios y las corporaciones para que lo presupuesten”, sostuvo.
El Sistema de Retiro Central tiene actualmente 119,094 pensionados, incluyendo retirados del gobierno central, de los municipios y de las corporaciones.
Ocho días de vistas de transición
El martes depusieron ante los comités entrante y saliente el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, así como el secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores.
Entre otros detalles, ambos secretarios expusieron el impacto que tendría sobre las agencias que dirigen el retiro incentivado mediante la Ley 80, al tiempo que hicieron un llamado a revisar las tarifas salariales de los empleados. Ese reclamo ha sido consistente entre los jefes de agencia y entidades públicas que han presentado sus ponencias durante los pasados días.
Asimismo, salió a relucir que Recursos Naturales no cuenta todavía con un plan de desperdicios sólidos, mientras sigue alejado de la meta de 35% de reciclaje en el país, con entre un 8% y 10%, según dijo el secretario. Mediante ley, se planteó que dicha meta debió ser alcanzada en el 2006.
Las vistas se llevan a cabo en un salón de la Sala Sinfónica
“Como funciona (el pago mediante la Ley 106) es que se presupuesta, el Sistema de Retiro proyecta lo que va a ser el gasto en pensiones, el Fondo General paga las pensiones de las corporaciones y municipios y les factura para que reembolsen”
“Nosotros les enviamos las proyecciones de Paygo (fondo para pensiones) a todos los municipios y las corporaciones para que lo presupuesten”
LUIS M. COLLAZO RODRÍGUEZ SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO Y LA JUDICATURA
Pablo Casals en Santurce y son dirigidas por el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, presidente del Comité de Transición del gobernador electo Pedro Pierluisi. El secretario de Estado, Raúl Márquez Hernández, dirige el Comité de Transición saliente de la gobernadora Wanda Vázquez.
El turno el lunes fue del secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey, una vista en la que se enfatizó en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha impulsado el cierre de instituciones correccionales y la reducción de presupuestos.
“La Junta lleva mucho tiempo solicitando cierre de facilidades y es una exigencia clara y dura de la Junta y a base de eso entendemos que el presupuesto se programa para, de cierta forma, obligar a ir cerrando facilidades para abaratar costos del Departamento”, sostuvo el funcionario durante su ponencia. El lunes, además, participó en vista pública la secretaria de Justicia interina, Inés Carrau.
Por su parte, el secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, alertó el viernes que el aumento drástico en las reclamaciones al seguro por desempleo producto del deterioro económico asociado a la pandemia del COVID-19 provocó que el fondo destinado para cubrir la merma de ingresos de los desempleados llegara a niveles tan bajos que para marzo de 2021 apenas tendrán unos $100 millones. En tiempos normales este fondo opera con más de $600 millones.
También depusieron la pasada semana el secretario de Educación, Eligio Hernández; el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano; el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), Jorge Galva; el director de la Oficina Central para la Recuperación y Reconstrucción (COR3), Ottmar Chávez; el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet; la directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos; el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero; y el secretario de Hacienda, Francisco Parés.