DICTAN CAUSA PARA ARRESTO CONTRA SANDRA TORRES
La expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones enfrenta cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y aprovechamiento ilícito
Los fiscales especiales independientes Ramón M. Mendoza Rosario, Leticia Pabón Ortiz y Juan E. Catalá Suárez presentaron ayer dos cargos por violación a la Ley de Ética Gubernamental y uno por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos contra la expresidenta del Negociado de Telecomunicaciones (NET) y exdirectora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, Sandra Torres López.
La jueza Ileana Blanco Maldonado,
de la Sala de Investigaciones de San Juan, determinó causa para arresto tras examinar parte de la prueba y le señaló una fianza de $45,000. La vista preliminar fue señalada para el 21 de abril.
Los hechos por los que el Departamento de Justicia hizo el referido al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente se remontan a octubre de 2019, cuando un ayudante de Torres
López en la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones denunció que fue obligado a vender boletos por $1,500 para una actividad de recaudación de fondos del entonces gobernador Ricardo Rosselló, como parte de un esquema de donativos políticos ilegales.
El FEI firmó un acuerdo de colaboración con Kathy Erazo, la contratista gubernamental y recaudadora del comité de campaña de Rosselló Nevares. Erazo también es suegra del exdirector de campaña Elías Sánchez.
Los fiscales presentaron como prueba las declaraciones juradas de 17 testigos, que incluyen al presidente y dos asesores de la compañía Claro Puerto Rico, Enrique Ortiz de Montellano, Francisco Silva Salcedo y Ángel Cintrón, respectivamente. El exayudante
de Torres López, Exel López Vélez, cuenta con inmunidad total como testigo de cargo, según decidió el Panel del FEI en un memorando del 17 de febrero de 2021.
Torres López estuvo acompañada
ayer en la vista por su hermana Wanda Torres López y su abogada Carmen Quiñones Núñez, mientras que la jueza y fiscales participaron de manera remota mediante videoconferencia.