“El mundo se ha dirigido a una política energética sostenible, eficiente y renovable... el acceso al servicio energético se debe reconocer como un derecho universal, así como debe reconocerse el acceso al agua”
Un contrato leonino es aquel que favorece a una parte en condiciones de mayor fuerza y menoscaba o afecta adversamente a otra parte más débil. El contrato de LUMA es un contrato leonino contra el pueblo de Puerto Rico. Punto.
El mundo se ha dirigido a una política energética sostenible, eficiente y renovable. El pasado diciembre, en el umbral de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, se reconoció que el acceso al servicio energético se debe reconocer como un derecho universal, así como debe reconocerse el acceso al agua.
El acceso a la energía eléctrica debe ser tratado como un bien público por excelencia. No debe depender del dinero que tienes en el bolsillo el tener acceso a servicios fundamentales. El contrato de LUMA coloca a Puerto Rico de espaldas al desarrollo mundial.
LUMA es un consorcio de unas empresas cuyo fin es el ánimo y propósito de lucro. Estarán a cargo del mantenimiento de sistema energético y la distribución de energía eléctrica.
Los que abrieron la puerta a este contrato que privatiza la administración de aspectos energéticos fueron la incompetencia administrativa del PNP y PPD, sumado a una ley aprobada el cuatrienio pasado por esos dos partidos para establecer una política Pública Energética en Puerto Ricio.
Hay que ser un campeón universal, por no decir intergaláctico, para quebrar un monopolio público de energía eléctrica. Eso fue lo que lograron administraciones rojas y azules.
El efecto neto de esta transacción es dañina para el país. Ya se anticipó por portavoces de la empresa que aumentarán la facturación de servicios energéticos. Esto tendrá un grave impacto en una población de adultos mayores empobrecida. Con sus pensiones reducidas, como también amenaza la Junta de Control Fiscal, hay un sector de la población que no podrá tener un consumo energético residencial necesario. Incluso para atender asuntos de salud.
Por otra parte, Puerto Rico enfrenta más de 15 años de depresión económica. Aumentar el costo del servicio energético comercial tendrá el efecto de encarecer los costos de operar negocios y empresas. Esto producirá cierre de comercios, despido de empleados y encarecimiento de servicios y consumo. Eso a su vez limita la captación del impuesto al consumo -que cuán abusivo resulta ser-y limitará la posibilidad del gobierno para tener ingresos. Para un país en crisis económica y fiscal es un golpe mortal.
Ya pasamos por una experiencia fracasada al privatizarse la AAA con la empresa ONDEO. La transacción se tuvo que revertir, perdiendo Puerto Rico millones de dólares, ya que la empresa no podía operar sin aumentos dramáticos en la facturación. Pasó con los peajes que han aumentado sus costos. Y pasó con el Puente Teodoro Moscoso que, irónicamente, subió sus tarifas debido al aumento en el costo energético.
Miles de familias de consumidores residenciales y comerciales; y miles de empleados comprometidos con dar el máximo en los momentos en que urge acceso al servicio energético, se ven hoy amenazados por un acuerdo de privatización dañino.
Los responsables de esto no son los que sufrirán las consecuencias. Los platos rotos los paga el pueblo, pero los que rompieron los platos, administraciones PPD y PNP, la Junta de Control Fiscal, el Congreso mediante la Ley PROMESA, la juez federal Laura Taylor Swain, no vivirán el empobrecimiento y la necesidad.
El acuerdo es tan malo, que la empresa puede hacer sus maletas y marcharse si por acto de la naturaleza resulta que no le es rentable económicamente reestablecer el sistema energético. Más aún, LUMA ha pedido ser exenta de responsabilidad por daños causados al consumidor ya sea por negligencia o acto intencional.
El Institute for Energy Economics and Financial Analysis sentenció: “Ni el plan de transformación ni este contrato mantendrán las tarifas bajas o darán una supervisión fuerte e independiente para proteger el interés público”.
Puerto Rico tiene que poner fin a este contrato y desaforar a los leones.