Causa para juicio contra exfuncionaria
La expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, enfrentará juicio por utilizar su cargo para beneficiar con recaudos al comité de reelección de Ricardo Rosselló antes de que tuviera que renunciar en el verano de 2019.
La jueza Alexandra Rivera Sáenz encontró causa para juicio y la exfuncionaria se enfrenta a tres cargos: aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos (Artículo 252 del Código Penal) y por dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Específicamente, en cuanto a la Ley de Ética Gubernamental, a Torres López se le acusa de haber violado el inciso B del Artículo 4.2 que establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.
Además de haber violado el inciso M del mismo artículo: “un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, exigir o solicitar a los demás servidores públicos, que hagan contribuciones económicas o que empleen de su tiempo para realizar o participar en una actividad política”.
Los fiscales especiales independientes del caso son: Ramón Mendoza Rosario, Leticia Pabón Ortiz y Juan Catalá Suárez.
Según el testigo de ayer -Exel López Vélez, exdirector de comunicaciones de Torres López- la acusada compartió una lista de contratistas y compañía, que se supone que la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones supervisara, para que les vendieran taquillas de una actividad de recaudación de fondos para Rosselló Nevares. La meta era de $40,000.
Tanto Katherine Erazo García como Eduardo “Tito” Laureano, ambos contratistas de la Junta Reglamentadora y veteranos recaudadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), también estarían vinculados a esa tarea.