Preludio a la descolonización
Esta semana Puerto Rico es protagonista en dos escenarios fundamentales para nuestra descolonización: Washington y Naciones Unidas.
El experimento colonial estadounidense en Puerto Rico ha fracasado. Nunca fue viable y hoy día se ven con mayor dureza sus consecuencias dañinas.
Actualmente, Puerto Rico enfrenta dos hechos que agravan la situación económica y social como consecuencia del colonialismo. El primero es la imposición por parte del Congreso de una Junta de Control Fiscal, cuyos miembros no son electos por los puertorriqueños, pero que ejercen facultades y autoridad mayor a las que raquíticamente antes ejercía el gobierno de Puerto Rico. Las políticas impuestas por la JCF han tenido efectos de empobrecimiento, retraso económico y desmantelamiento de servicios esenciales fundamentales. En segundo lugar, está el fenómeno de la gentrificación, que es otro modelo de desplazamiento por parte de extranjeros contra puertorriqueños. Estadounidenses multimillonarios aprovechan la condición de pobreza de la población para, con la protección contributiva del gobierno, adquirir propiedades para luego segregar y excluir a comunidades enteras.
En ese contexto, el Comité de Recursos Naturales del Congreso realizó una vista pública ayer para evaluar proyectos sobre el estatus de Puerto Rico. De los proyectos evaluados, el que se presenta como una alternativa inclusiva y democrática es el de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio. EL HR 2070 invita a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a convocar una Asamblea de Estatus y contiene dos elementos cruciales: el que las alternativas estén fuera de la cláusula territorial, y que los puertorriqueños puedan escoger con conocimiento de causa entre alternativas que sean el fruto de una negociación con el liderato del Congreso por medio de una Comisión Especial.
Contradictoriamente a la aspiración descolonizadora, esta semana el Departamento de Justicia federal -en un acto de colonialismo crudo- indicó que este proyecto debía incluir la opción territorial. Es decir, el absurdo de incluir la opción de la colonia para resolver el problema de la colonia. Esa pretensión es inaceptable y merece la más contundente denuncia y repudio. El Departamento de Justicia obvió el hecho jurídico de que EE.UU. es firmante del Tratado de Derechos Civiles y Políticos que obliga a la erradicación del colonialismo y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Al ser un tratado ratificado por EE.UU. el mismo es vinculante en derecho. Además, la autoridad de establecer política pública sobre los territorios le compete al Congreso y no a la Rama Ejecutiva. Confío que la postura colonialista del Departamento de Justicia no encontrará espacio en el texto del proyecto Velázquez-ocasio.
Por otra parte, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas sesionará mañana. La resolución que está ante su consideración reitera la aplicabilidad de la Resolución 1514(XV) al caso colonial de Puerto Rico y se expresa a favor del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo puertorriqueño.
Si bien es cierto que nos corresponde a los puertorriqueños la tarea de forzar al gobierno de Estados Unidos a descargar su responsabilidad descolonizadora, no es menos cierto que la comunidad internacional tiene los instrumentos y la responsabilidad de propiciar condiciones que estimulen a los Estados Unidos al cumplimiento de sus obligaciones conforme al derecho internacional.
Ante estos desarrollos nos urge ahora enfrentar el reto de movilizar y encausar los esfuerzos para que Estados Unidos se vea forzado a enfrentar el tema del estatus colonial de Puerto Rico. La persistencia del coloniaje en Puerto Rico constituye una afrenta permanente a la dignidad del pueblo puertorriqueño y una violación continua a sus derechos fundamentales. Estos espacios de discusión y atención deben servir como el preludio de una gran ofensiva por nuestra descolonización.