Presenta propuestas sobre el retiro
El gobernador Pedro R. Pierluisi reveló ayer dos proyectos de ley como alternativa a la Ley 7-2021, esto en busca de ofrecer una solución ante la demanda presentada por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) y cumpliendo con su compromiso de proteger las pensiones de los retirados del gobierno de Puerto Rico, enfatizando la política pública de esta administración de cero recortes a las pensiones.
“Presento estas medidas como una solución al impasse actual. Que la Junta insista de su parte en los recortes a las pensiones y en no brindar un retiro justo, a lo único que llevará es a un tranque en la reestructuración, que todos queremos, de la deuda”, expuso Pierluisi. “Mi compromiso desde el primer día ha sido evitar recortes a las pensiones, pues los retirados del gobierno ya han sufrido reducciones significativas a sus beneficios”, sostuvo.
Uno de los proyectos de ley, llamado Ley de Cero Recorte a las Pensiones, establece como política pública del gobierno de Puerto Rico que no se reducirán las pensiones por medio del Plan de Ajuste de la Deuda propuesto por la Junta ante el Tribunal de Título III. El mismo propone a la Junta de Supervisión que, en lugar de tratar las obligaciones de pensiones dentro del marco del Plan de Ajuste, se aborden a través del proceso presupuestario y el plan fiscal establecido por el Título II de la Ley PROMESA. A esos fines, se propone enmendar la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Ley Núm. 147 de 1980, según enmendada, para establecer que el pago de las pensiones públicas tendrá prioridad sobre otros desembolsos de fondos públicos, cuando los recursos disponibles no sean suficientes para las asignaciones presupuestadas de ese año.
Asimismo, presentó una segunda medida que propone proteger las pensiones de aquellos empleados públicos que lleven más de 30 años trabajando en el gobierno de Puerto Rico, y que entraron al servicio público antes del año 2000 con la expectativa de una pensión definida.
La propuesta Ley para Garantizar el Derecho a una Pensión Justa reitera la política pública de no más recortes a las pensiones de los empleados públicos, y expone que esos empleados que hayan ingresado al Sistema de Pensiones conforme a la Ley 447 de 1951 y a la Ley Núm. 1 del 1990, tengan el derecho al pago de una pensión equivalente al 50% de su salario cuando se retiren del servicio público.