BAJO LUPA FUSIÓN DE EMPRESAS EN MUELLE DE SAN JUAN
Departamento de Justicia amplía pesquisa y contrata a economista para evaluar la transacción
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli amplió la investigación que realiza la Secretaría de Asuntos Monopolísticos de la agencia sobre el acuerdo que puso en manos de las empresas de estibadores Luis Ayala Colón (LAC) y Puerto Rico Terminals (PRT) el control del Muelle de San Juan.
Aun cuando había expresiones anteriores en la agencia de que no había jurisdicción para intervenir en el asunto, el Secretario de Justicia instruyó a la oficina de asuntos monopolísticos a que expandiera la investigación, reveló ayer el secretario auxiliar de Asuntos Monopolísticos, Guarionex Díaz Martínez.
“Emanuelli ha ordenado reevaluar y continuar con prioridad la investigación en todos sus ángulos posibles sin descartar una posible intervención”, dijo Díaz Martínez en una vista pública ante la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, que también investiga el acuerdo entre las dos empresas.
El funcionario indicó que, de determinarse que Justicia posee jurisdicción y está facultada para intervenir, la agencia debe auscultar la legalidad o ilegalidad de la transacción. “Hay que recalcar que no toda fusión es ilegal, sino aquellas cuyo efecto pueda ser el de reducir sustancialmente la competencia o tender a crear un monopolio. Para ello, además de participación e índices de concentración, la transacción debe ser vista funcionalmente en el contexto particular de la industria en cuestión, en este caso la industria de transporte marítimo. Factores del mercado como su estructura, historia y posible futuro deben ser examinados”, sostuvo Díaz Martínez.
Para realizar el análisis económico correspondiente, detalló que el Departamento de Justicia contrató el pasado mes de agosto al economista José Alameda. Agregó que Alameda y la Oficina de Asuntos Monopolísticos se encuentran analizando toda la información disponible para preparar un informe pericial.
“Este será un informe objetivo basado en las conclusiones del experto, sin predisposición alguna”, dijo pero advirtió que de ser necesario se radicarán las acciones que correspondan. “Si de la investigación no se justifica una intervención, ya sea por falta de jurisdicción o ilegalidad en los acuerdos, el Departamento referirá sus hallazgos a la
“
Emanuelli ha ordenado reevaluar y continuar con prioridad la investigación en todos sus ángulos posibles sin descartar una posible intervención”
GUARIONEX DÍAZ MARTÍNEZ SECRETARIO AUXILIAR DE ASUNTOS MONOPOLÍSTICOS
FMC (Federal Maritime Commission) para la acción correspondiente. De cualquier manera, el Departamento de Justicia, responsablemente, culminará la investigación y dará a conocer sus hallazgos, todo dentro del marco de la ley”, sentenció.
A preguntas del presidente de la comisión de la Cámara, Luis Raúl Torres Cruz, el funcionario sostuvo que Justicia comenzó a investigar la transacción en marzo de 2019, bajo la incumbencia de la entonces secretaria, Wanda Vázquez Garced.
“Por expresiones del representante (novoprogresista) José Aponte Hernández y de MIDA (Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos), (en 2020) se decidió abrir un expediente investigativo”, indicó Díaz Martínez, quien no entró en detalles amparándose en la confidencialidad del proceso.
El director ejecutivo de Puertos, Joel Pizá Batiz justificó por su parte, el contrato de arrendamiento entre las dos empresas estibadoras y reclamó que el mismo fue aprobado por la FMC. “Ese acuerdo fue bueno… En mi opinión fue un buen acuerdo para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Pizá Batiz.